El anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional aprobado por el Consejo de Ministros, a la espera de una larga y difícil tramitación, ofrece de nuevo la perspectiva de un Gobierno que hace gala de su etiqueta ‘socialcomunista’ y, por lo tanto, enemigo de la libertad. No seremos nosotros quienes nos opongamos a la certeza moral, histórica e incluso constitucional, de que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España (artículo 30 de la Constitución). Eso no sólo es así, sino que debería grabarse en la cabecera del Consejo de Ministros a modo de recordatorio de que los españoles tenemos el derecho de defender a España no sólo de virus, agentes externos e invasiones extranjeras, sino de todos, absolutamente todos los enemigos de la nación, comenzando por los propios.
Sin embargo, la defensa de España no puede ser jamás utilizada como una excusa endeble para vulnerar los derechos fundamentales de los españoles. Y no podemos sino pensar que este anteproyecto Ley de Seguridad Nacional busca con desesperación la excusa totalitaria cuando no es capaz de definir qué es una crisis nacional y todo lo remite a una arbitraria «situación de interés». ¿Quién lo define, quién lo autoriza, quién lo controla, qué plazos, qué son las prestaciones personales, qué situaciones de interés y qué intereses son capaces de invocar una ley ordinaria para no tener que recurrir a los estados —más garantizas— de alarma, excepción o sitio…? Demasiadas preguntas sin respuesta en el articulado de un anteproyecto que aprovecha la extraordinaria debilidad mental de los españoles tras el año y medio de pandemia sufrido por la incompetencia de nuestros gobernantes.
Si nos hubieran dicho a finales del pasado siglo que en un par de décadas estaríamos viendo a un Gobierno de España tramitar leyes ordinarias —ni siquiera Orgánicas, como es preceptivo cuando se vulneran derechos fundamentales— para asaltar la libertad y la propiedad de los españoles en ‘situaciones de interés’ indefinidas por el propio Gobierno con ausencia de tutela judicial y de intervención de las Cortes, habríamos rechazado la distopía por increíble. Pero también es cierto que si nos hubieran dicho a finales del siglo pasado que en pleno siglo XXI tendríamos un Gobierno de socialistas y comunistas, lo habríamos negado. Y ahí está, desconstruyendo España con feroz determinación y legislando un futuro de corralitos financieros, nacionalizaciones, incautaciones y todo tipo de asaltos a la propiedad privada y a la libertad personal.
