«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
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30 de marzo de 2023

La dignidad del ser humano no admite excepciones

Como todo el mundo sabe, la gestación subrogada es el acto de arrendar la gestación de un ser humano en el vientre de una mujer que, tras el parto, renuncia a su función maternal y entrega al hijo recién nacido a los contratantes de ese servicio.

La sola definición de la gestación subrogada estremece y nos da la razón de por qué los legisladores de la mayoría de las naciones decentes prohíben un contrato de esa naturaleza en el que dos personas, la madre biológica y el hijo nacido de su vientre, son objeto de derechos de terceros a cambio de un precio. Algo que la recta razón prohíbe ya que un ser humano no puede ser jamás objeto de comercio.

En la apreciación de la ilegitimidad de la gestación subrogada en España, y salvo un partido hoy por fortuna residual como Ciudadanos que confunde liberalismo con libertarismo, el resto de las fuerzas nacionales que han reflexionado sobre el asunto, habín llegado a la conclusión, por lo menos hasta ayer, de que contratar el vientre de una mujer es un acto indigno que merece el reproche de la sociedad declarándolo nulo de pleno derecho.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. A pesar de esa prohibición, los tribunales españoles entienden que los niños nacidos de vientres alquilados por españoles en los países donde sí es legal el servicio pueden y deben ser reconocidos como hijos de los contratantes y, por lo tanto, inscritos a todos los efectos en el Registro para salvaguardar el interés superior del menor.

Es decir, que en la práctica, la gestación subrogada, por más inmoral e indigna que sea, culmina con el resultado apetecido por los arrendatarios de un vientre ajeno quienes, como toda molestia, sólo tienen que pagar una importante cantidad de dinero a las agencias intermediarias y vencer unas onerosas trabas burocráticas tanto en el país en el que se haya contratado el servicio, como a su vuelta a España con el niño/objeto del contrato.

El resultado final es que los españoles, como el resto de los europeos, recibimos de continuo noticias sobre que tal o cual famoso, por lo general varones homosexuales, han sido padres por gestación subrogada. La orientación sexual de estos personajes de los que tenemos noticia de su paternidad alquilada no es baladí, sino que es determinante en la contención de la sociedad —ante el temor absoluto que padecemos a que nos tachen de homófobos— a la hora de criticar a los famosos que usan sus saneadas cuentas para vulnerar derechos inherentes a la dignidad del ser humano.

Y sin embargo, España fue ayer un pandemonio cuando una exclusiva de una revista del corazón informó del nacimiento en los Estados Unidos y por gestación subrogada, de una hija de la famosa actriz Ana García Obregón (Madrid, 1955), a quien deseamos, también por el mismo interés supremo del menor invocado por los tribunales para legalizar de facto una conducta aberrante, una larguísima vida.

En ese lugar de ruido y confusión que fue España ayer, emergieron tres posiciones de interés. La primera, la de los buenistas que por compasión con la desgracia reciente de la actriz que perdió en 2020 a su único hijo y que la sumió, como ella ha afirmado tantas veces, en una tristísima soledad, aprobaron con sentimiento la decisión de doña Ana a despecho de cualquier razón ética. El positivismo, como se ve, alimenta el buenismo.

La segunda posición fue la de las izquierdas políticas, ministras podemitas incluidas, que atacaron a la actriz con la misma intensidad con la que callan ante las paternidades subrogadas de los famosos homosexuales. La hipocresía de la izquierda, como demuestra cada día, no conoce límites.

La tercera posición reseñable fue la del Partido Popular, que decidió ayer, arrimándose al sol buenista que más calienta y renunciando a cualquier principio que le pudiera quedar, abrirse a regular, es decir, legalizar, la gestación subrogada en España. Eso sí, reclamando la construcción de «un posicionamiento que dé una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante».

La respuesta clara y de amplio consenso que dice el irreconocible Partido Popular sobre este asunto ya existe. O por lo menos existía hasta ayer. La inmensa mayoría de las fuerzas nacionales consideran legítimo y necesario prohibir cualquier acto de opresión y cosificación de los más débiles. Los partidos, con sus motivos, algunos más razonados que otros, habían llegado a la conclusión de que la gestación subrogada es una aberración que, además, abre puertas eugenésicas que deberíamos mantener cerradas.

La respuesta que debería reclamar una fuerza política honrada y con valores sólo puede ser la de perseverar en la prohibición y exigir un pacto mundial contra la gestación subrogada para que no haya ningún país que permita una práctica tan destructiva para la dignidad del ser humano. Una dignidad que no admite, y créanos que lo sentimos, doña Ana, ninguna excepción. El fin jamás justifica los medios.

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