Desde un punto de vista académico, hay cientos de trabajos serios, documentados y objetivos sobre los efectos de la inmigración ilegal en los Estados Unidos y en el Reino Unido. De estos efectos, uno de los menos conocidos es la perniciosa polarización de la sociedad que ciertas políticas migratorias descabelladas han causado. Por desgracia, en España, como en otros países de la Unión Europea, la izquierda no permite que lo académico entre en el debate. El principio de causalidad explica que el efecto de la inmigración ilegal de origen africano en Europa no es espontáneo, sino que es fruto de la ausencia de planes de fomento de la natalidad por cuestiones ideológicas, del fracaso palmario de los países de origen de la inmigración y del desprecio, fruto del consenso socialdemócrata que gobierna esta Europa decadente y avejentada, de conceptos positivos tan importantes como son pueblo, nación y Estado, que han quedado diluidos en la conciencia de los gobernados por la irresponsabilidad ideologizada de los gobernantes que agitan la bandera blanca del multiculturalismo para defender su mal gobierno.
Los efectos de esta inmigración ilegal los conocemos y los padecemos, pero también los padecen cientos de miles de inmigrantes que se hacinan en barrios periféricos de las grandes ciudades europeas y que han encontrado en la radicalización una forma de paliar la enorme frustración que han generado, en ellos también, las irresponsables políticas migratorias. El resultado es evidente: miedo, inseguridad y violencia. También en España, frontera sur de Europa, a la que los datos (como que una cuarta parte de todos los templos religiosos ya son musulmanes) niegan el eslogan machacón de que somos una nación de paso de la inmigración ilegal.
De entre todas las regiones españolas, es en Cataluña donde con más intensidad se observa el rastro de la irresponsabilidad, en este caso la de los políticos nacionalistas catalanes que alentaron la inmigración musulmana por encima de la hispanoamericana por evidentes y lamentables motivos ante la pasividad de todos los Gobiernos de la Nación.
La presencia abrumadora de salafistas en Cataluña con respecto a otras regiones, sus mensajes radicales que prenden en una juventud frustrada, el fenómeno de la disparada ocupación ilegal consentida e incluso alentada por ayuntamientos socialcomunistas desleales con sus ciudadanos como el de Barcelona… El descontrol, en suma, ha generado un clima de inseguridad en muchos rincones de Cataluña ante el que los políticos del establishment prefieren no actuar. Obligados por la corrección política socialdemócrata que nos devora como sociedad, pronuncian discursos sentimentales, multiculturales e hipócritas sobre el fin de las fronteras y las ciudadanías del mundo con desprecio del drama que supone el tráfico de seres humanos y la acción delictiva de las mafias que operan en desiertos no tan lejanos y cuyos resultados vemos a diario en la invasión que sufre Canarias y en los asaltos a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.
No nos cansaremos de exigir que la inmigración, y si España y sus regiones lo necesitan ahí tienen hermanos hispanoamericanos dispuestos a integrarse desde el primero minuto y trabajar duro en condiciones que les permitan progresar, debe ser legal, ordenada, segura, en origen y sujeta a un contrato vitalicio de integración que exija al inmigrante el cumplimiento permanente de las leyes y la defensa de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico: igualdad, libertad, justicia y pluralismo político. Que los políticos del consenso socialdemócrata desprecien estos valores no es razón para no exigirlos.
Sólo entonces, el encuentro con culturas ajenas y lejanas nos hará mejores como sociedad. Hasta entonces, Cataluña es el ejemplo, nos pone en peligro.
