Los platos rotos

EDITORIAL

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula la instrucción del Gobierno de Vitoria de limitar hasta niveles intolerables la actividad hostelera y, por tanto, el derecho al trabajo en esa región española, contiene consideraciones que resaltan la ineptitud de la inmensa mayoría de nuestra clase gobernante, y el grave quebranto económico que para cientos de miles de familias supone la gestión ideologizada de esta pandemia.

Porque sólo desde la ideología y desde el qué dirán (traslación coloquial de ese dolor llamado electoralismo) se puede entender que el Gobierno de lo que queda de la Nación y la inmensa mayoría —de nuevo— del Reino de Taifas, se permitan limitar hasta niveles abusivos y sin garantía jurídica alguna la actividad de los trabajadores de esa España que sí que madruga. Es decir: sin que los que se llenan la boca con apelaciones a la Ciencia aporten evidencia científica alguna que justifique conducir a la ruina —que siempre es la antesala de la tristeza— a decenas de miles de pequeñas empresas.

Fuera de nuestras fronteras, allá donde las universidades —privadas, en su mayoría— cumplen con su función investigadora, se ha puesto blanco sobre negro que la actividad hostelera, con las medidas de protección adecuadas y con el celo observado en los propietarios de los establecimientos, que son los primeros interesados en la salud de sus clientes, apenas es responsable de entre un 2 y un 3 por ciento de los casos de transmisión del virus chino.

Item más, aquellos Gobiernos europeos, con G mayúscula, que han optado por confinamientos más severos y mayores restricciones, han comprendido que el Estado a quien compete la protección de la sanidad pública debe hacerse cargo del grave quebranto patrimonial que suponen sus decisiones e inyectar ayudas públicas directas a los negocios basándose en una media ponderada de los ingresos declarados en los dos ejercicios anteriores a la llegada del maldito coronavirus. Insistimos: ayudas directas.

Pero aunque no fuera por una cuestión jurídica de adelantarse a las previsibles demandas ante los Tribunales (más difíciles de parar que las querellas detenidas por la pervertida Fiscalía General del Estado), la intervención gubernamental en forma de esas ayudas es imprescindible para evitar que la pandemia se cebe en un sector clave para nuestro modelo de país turístico sobre el que no cabe reconversión alguna. Y no nos referimos a la pandemia como enfermedad, ante la cual sólo es posible reclamar responsabilidad individual para defenderse de la irresponsabilidad gubernamental, sino a esa otra pandemia que se va extendiendo por España y cuyos síntomas son el miedo, el tedio, la desesperanza y, cómo no, la depresión.

Los hosteleros españoles, sólo por detrás de los 90.000 muertos, están pagando los platos rotos del desgobierno y el descogobierno de esos políticos que no saben lo que es levantar día tras día, llueva, granice o filomena, la persiana de un establecimiento que ellos abrasan a impuestos, regulaciones e inspecciones, y que es una pieza importantísima de la economía española (hasta un 6 por ciento del PIB).

Que el socialismo triunfa allá donde hay fracaso es una certeza empírica. Que no haya cerrado un solo chiringuito ideológico o que el dinero que sale de nuestros impuestos y que va dirigido a la inmigración ilegal siga fluyendo con desvergüenza, es una perversión. Que los otros gobiernos de España hagan seguidismo de la ineptitud del Gobierno, es una demostración de negligencia. Que Europa no lo advierta es otra prueba de lo solos que estamos.

Solos y desamparados como los hosteleros.

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