El Gobierno de España ha aprobado este martes dos acuerdos para destinar más de 15,8 millones de euros a la acogida e identificación de los inmigrantes ilegales que están llegando a Canarias, más de 2.300 en lo que va de año.
Una partida -de más de 11,8 millones de euros- autoriza la declaración de emergencia para la contratación de diversos servicios y suministros para cubrir la llegada masiva de inmigrantes ilegales y la otra -por importe de 3,9 millones de euros- está desinada a contratar obras y adquirir estructuras modulares y equipamiento para el centro de acogida de Barranco Seco (Las Palmas).
El presidente del archipiélago, Ángel Víctor Torres (PSOE), ya advirtió este martes de que la Comunidad Autónoma se va a «revirar» contra el Gobierno si quiere que toda la inmigración irregular se quede en Canarias. «Sin ninguna duda», añadió.
Señaló que el Gobierno canario va a defender que todas las administraciones lo hagan «lo mejor posible» para tener la «mejor respuesta» ante la inmigración ilegal y exigirles que ejecuten estas competencias «de la manera más justa posible».
En este sentido, admitió que las cosas «se tienen que hacer mejor» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y dijo que el Ejecutivo canario está atendiendo a 2.600 menores extranjeros no acompañados (menas) en estos momentos, una cantidad «muy por encima» de la capacidad que tiene la Comunidad Autónoma.
Mientras la hostelería llora su ruina
Hostelería de España realizó este martes un acto simbólico de protesta rompiendo platos delante del Ministerio de Hacienda. Lo hizo para denunciar la dramática situación que atraviesa el sector, uno de los más afectados por las restricciones impuestas desde los distintos gobiernos.
«Nos están arruinando y necesitamos ayudas, sí o sí», dijo el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel. La protesta se llevó a cabo también en Valladolid, Murcia, Almería, Ciudad Real, Lugo o León, entre otras provincias.
Los hosteleros denuncian que la ausencia total de ayudas directas -una medida impulsada por países como Alemania o Francia– está ahogando de manera sostenida a la hostelería, que concluyó el año con unas pérdidas de 70.000 millones de euros en la facturación, alrededor del 50% de sus ventas, y con el cierre definitivo de 85.000 bares y restaurantes por el impacto del coronavirus.
