No hay ninguna duda, sólo pruebas sólidas y sentencias firmes, de que el ex presidente brasileño Lula da Silva es un corrupto. Al menos cuatro de las causas en las que fue investigado: el inmueble de Atibaia, el tríplex de Guarujá, los terrenos para la sede del Instituto Lula y las donaciones de la empresa Odebrecht, terminaron con condenas de 25 años de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero; condenas que, además, le inhabilitaron para cargo público, como es preceptivo en el sistema judicial brasileño.
Un resquicio legal sobre la competencia de un tribunal no anula el hecho cierto y probado de que Lula da Silva es un político corrupto
La consecuencia no inmediata de esta constatación —una más, la enésima— de la sinonimia perfecta entre socialismo y corrupción fue el voto mayoritario a un presidente como Jair Bolsonaro a quien la pandemia no ha detenido a la hora de denunciar el peligro que para Brasil y para toda la Iberosfera significa la izquierda sudamericana. Por si esto fuera poco, y a pesar de los estragos de la pandemia y de la crisis económica subsiguiente, la popularidad del presidente Bolsonaro se ha mantenido alta. Sus notables perspectivas de cara a la reelección presidencial de 2022 son el resultado, a partes iguales, de su liderazgo político y de la incompetencia de la izquierda para encontrar un candidato que pueda hacerle frente en una contienda electoral limpia.
Todo eso, hasta ayer, cuando un juez, Edgar Fachín, encontró un resquicio legal para anular las condenas de Lula da Silva y permitirle así presentarse a las elecciones presidenciales de 2022, si es que el Pleno del Supremo ratifica la anulación ordenada por Fachín.
Dejemos al margen las sospechas públicas de que hay una relación estrecha ente el magistrado y el Partido de los Trabajadores de Lula, y dejemos también apartada la consideración y el respeto que debe merecer una Justicia garantista.
Lo más importante en este caso es que un resquicio legal sobre la competencia de un tribunal no anula el hecho cierto y probado de que Lula da Silva es un político corrupto.
Las prisas del socialismo brasileño, con el aplauso del narcochavismo, del liberticida Foro de Sao Paulo y de su sucursal operativa, el Grupo de Puebla, para anunciar la candidatura de Lula da Siva para contender en 2022 con un candidato formidable como Jair Bolsonaro certifican, una vez más, la catadura moral de la izquierda. La misma izquierda que ensalza a un menorero como Evo Morales, la que mira hacia otro lado con las fugas de capitales de Cristina Kirchner, la que firma declaraciones junto a otro corrupto —y además, fugado—, como Rafael Correa; la que sale en defensa del candidato socialista ecuatoriano después de que se revelaran sus tratos con un grupo terrorista como el ELN colombiano, y la misma que celebra reuniones en las que el liderazgo siempre es cubano.
Y el mismo Socialismo del siglo XXI al que no le importan las abrumadoras pruebas —incluidas sus condenas ahora anuladas por un tecnicismo— de la corrupción de Lula da Silva.
Esperemos que al pueblo brasileño sí que le importe y no lo olvide.
