La Carta de Madrid, impulsada por la Fundación Disenso, en defensa de la libertad frente al avance del comunismo disfrazado de «socialismo del siglo XXI» que devasta América y a la que se han adherido más de 50 personalidades políticas de relieve internacional de toda la Iberosfera, ha obligado a reaccionar a los castrochavistas del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.
Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del Gobierno español, se ha arrogado en Twitter el impulso de una nueva carta a la que denominan «Declaración de La Paz» y que cuenta con las firmas del indigenista Evo Morales, el fugado ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (y su edecán Andrés Arauz), el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero —íntimo aliado de la tiranía venezolana— y el presidente argentino Alberto Fernández.
He impulsado junto a @LuchoXBolivia @alferdez, Rodríguez Zapatero, @dilmabr @evoespueblo @MashiRafael @atsipras @petrogustavo @JLMelenchon y otros líderes progresistas de América y Europa la Declaración de La Paz, en defensa de la Democracia frente al golpismo de la ultraderecha. pic.twitter.com/R7wPd1pLj7
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 8, 2020
A estos nombres se les unen otros como el de la destituida —por corrupción— presidente brasileña Dilma Rousseff, el antiguo terrorista colombiano del M-19 Gustavo Petro, el ex primer ministro griego de la izquierda radical (Syriza) Alexis Tsipras, el francés Jean Luc Mélenchon, la nacionalista peruana Verónica (a) Veronika Mendoza y la portuguesa del Bloque de Izquierdas Catarina Martins.
En la carta, los líderes de la izquierda radical (con permiso de Maduro, Ortega y Díez-Canel) iberoamericana, aseguran que la democracia está «amenazada» como lo demuestra, a su juicio, la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia y añaden que «la principal amenaza a la democracia y la paz social en el siglo XXI es el golpismo de la ultraderecha».
Par los firmantes, todos ellos asesores, antiguos asesores o aliados de regímenes despóticos como el castrista cubano, el chavista venezolano o la tiranía de los Ortega-Murillo en Nicaragua, «el enemigo de la democracia» es «una ultraderecha que se expande a nivel global, que propaga la mentira y la difamación sistemática de los adversarios como instrumentos políticos, apelando a la persecución y la violencia política en distintos países. Promueve desestabilizaciones y formas antidemocráticas de acceso al poder».
Lo más interesante de este ‘Declaración de La Paz’ no se encuentra en esa agitación del fantasma de la ultraderecha, sino en el señalamiento de los medios de comunicación. Para Morales, Correa, Zapatero & Cía, la «acción antidemocrática [de la ultraderecha] se potencia allí donde encuentra poderes comunicacionales a su servicio, que acumulando un inmenso poder de influencia, pretenden manipular y tutelar las democracias en defensa de sus intereses políticos y económicos».
El interés que mencionábamos se subraya cuando se repasa la actividad legislativa de los últimos meses en países como Venezuela, Nicaragua o España y se observa la creación en todos esos países de leyes específicas o «Comisiones de la Verdad» controladas por los poderes públicos al servicio de la agenda política de la izquierda iberoamericana.
