Seríamos injustos si cargáramos con excesiva dureza contra Irene Montero y el transanchismo a propósito de la Ley Trans que ayer aprobó la mayoría frankenstein (el monstruo, no el doctor) en el Congreso. Ellos no inventaron el horror. Montero y Sánchez sólo lo han perfeccionado.
Esta ley desquiciada sólo es la culminación de la labor legislativa realizada en 14 comunidades autónomas españolas que cuentan desde hace varios años —la ley trans madrileña del PP es de 2016— con normas que, aparte de las modificaciones grotescas del Registro Civil y otros detalles menores, no tienen diferencias sustanciales con la ley nacional aprobada ayer. El horror, insistimos, ya estaba ahí: en cada una de las penosas leyes regionales que avalan, sin criterio científico alguno, que la naturaleza del ser humano es subjetiva y que puede ser modificada usando el derecho positivo, es decir, la mera voluntad del legislador.
Todos los partidos políticos, salvo Vox, han participado en la construcción de esas leyes bioideológicas. Nacionalistas, separatistas, socialistas, regionalistas y populares, solos o en compañía de lo que hoy son los restos cadavéricos de Ciudadanos, han celebrado en la última década como un triunfo la aprobación de sus propias leyes trans dañinas, restringentes de la libertad y opuestas a la realidad y a la verdad.
El escándalo por la aprobación de la Ley Trans en el Congreso de los Diputados es, por lo tanto, artificial. Tan artificial como el postureo de indignación del Partido Popular y de sus medios afines. Casi tanto como la idea de que el sexo de una persona puede ser reasignado con un tratamiento hormonal, con una faloplastia o con una mastectomía radical en una niña púber. Aunque no tan artificial como la idea delirante de que un niño de 12 años está capacitado para comprender las consecuencias que para el resto de su vida, para su salud mental y física, tiene tomar una decisión irreversible sin freno médico alguno. Una decisión que, como primera medida, destruirá de inmediato lo poco o mucho que le pudiera quedar de infancia, ese tesoro de inocencia que deberíamos proteger.
Todo eso ya estaba en el articulado de las Leyes Trans de las comunidades autónomas. A lo Monterroso podríamos escribir, por ejemplo, que cuando despertamos, Cifuentes y Ayuso ya estaban allí.
La única gran diferencia entre las leyes trans de las autonosuyas populares o nacionalistas y el transanchismo que padeceremos cuando la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado, es la firme determinación de la incapaz sectaria que está al frente del Ministerio de Igualdad de usar el régimen sancionador de la ley aprobada ayer para coartar la libertad de expresión, adoctrinar a nuestros hijos en las aulas, reprimir a los pocos que todavía nos atrevemos a disentir y crear más chiringuitos ideológicos inútiles.
Todo lo demás, y sobre todo lo principal, que es el daño causado a miles de personas confundidas o, lo que es peor, empujadas desde los poderes públicos a la confusión, ya estaba entre nosotros.
