Sólo a un desnortado, por no escribir otras palabras mucho más descriptivas y justas, se le ocurriría que un delincuente convicto extranjero sentenciado por nuestra garantista Justicia pueda obtener, no ya un permiso de residencia, sino la nacionalidad española. Es más, y sin reserva intelectual lo decimos: la comisión de un delito penal por parte de un extranjero, residente legal o ilegal, debería incorporar la pena accesoria de expulsión del territorio nacional una vez cumplido el tiempo de condena.
El Estado, es decir, la administración del país, tiene el deber de proteger la seguridad y el bienestar de los españoles y de los residentes extranjeros que llegaron a España de una manera legal, ordenada y justa. La presencia de criminales convictos extranjeros entre nosotros debilita al Estado, de quien cualquiera de nosotros debe exigir una defensa cerrada de la soberanía nacional, que es la que nos faculta para decidir quién puede, y quién no, vivir entre nosotros.
Pero España, una vez más, es diferente. El desprecio de lo español que anida en el alma (laica, por supuesto) del consenso que nos gobierna, combinado con un buenismo estúpido y una sumisión a los principios generales de la multiculturalidad que tiñe las agendas globalistas, considera que la nacionalidad española es apenas un trámite administrativo. Igual que considera que es de Justicia aleccionar a los delincuentes sobre cómo sortear los obstáculos legales derivados de la tenencia de antecedentes penales para obtener la nacionalidad. Y no es de Justicia. Ni se acerca.
Detrás de cada nación hay un pueblo que es y que no quiere dejar de serlo. Ese es el principio esencial en el que se basa el intercambio de derechos y deberes entre los nacionales y el Estado. En el caso de España, su conciencia histórica de ser se manifiesta con especial intensidad respecto a otras naciones en el principio jurídico de que la sangre es el criterio primordial para la adquisición de la nacionalidad. La sangre es la herencia. No somos españoles porque hayamos nacido en tierra española, sino que lo somos porque nuestros padres lo fueron. Esta idea, de una belleza extraordinaria y que forma parte de la esencia de lo que es la Hispanidad, exige que los poderes públicos sean muy cuidadosos a la hora de permitir que alguien adquiera la nacionalidad española por cualquier otro procedimiento que no sea el ius sanguinis.
Por todo lo anterior, y ante la regularización masiva de inmigrantes ilegales que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez para despedir su mandato en 2023, nos debe escandalizar la decisión del Ministerio de Justicia de publicar una guía dirigida a delincuentes con antecedentes penales para que aprendan a sortear las trabas administrativas a la hora de adquirir la nacionalidad española.
En condiciones normales, es decir, en las condiciones que habría si tuviéramos a personas decentes en el Gobierno y en las instituciones del Estado, la sola idea de que un criminal extranjero pueda llegar a ser español sería inimaginable y la guía del Ministerio de Justicia habría provocado una reacción política y mediática fulgurante con ceses y dimisiones en cascada.
Pero no vivimos, por desgracia, en condiciones normales. La complicidad de la mayoría de los partidos del Gobierno frankenstein y el silencio clamoroso del Partido Popular en todo lo que tenga que ver con la inmigración ilegal y sus consecuencias, deja a Vox como el único partido que se toma en serio la nacionalidad española. Para el partido de Santiago Abascal, el otorgamiento de la nacionalidad española a un extranjero debe estar sujeto a criterios de idoneidad y oportunidad y, desde luego, en ningún caso puede ser concedida a un delincuente convicto y sentenciado.
Lo contrario, es decir, que el Estado, por indicación del Gobierno, entregue un bien preciado como es la nacionalidad española a un extranjero cualquiera con antecedentes penales que haya sabido sortear ciertos trámites burocráticos con la ayuda del Ministerio de Justicia, sólo se le ocurriría a un desnortado que, como escribimos al principio, puede que sea una palabra inexacta, pero que nos evita usar palabras mejores como imbécil (del latín imbecillis ‘débil’, ‘enfermo’, ‘pusilánime’).
