«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
16 de junio de 2022

Oltra y la ley socialista del embudo

El presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y su vicepresidenta, Mónica Oltra. Europa Press

Conocemos la ley no escrita del embudo socialista. A la perfección. La paja en el ojo ajeno y el maltratador socialista Eguiguren en el propio. La persecución a policías condecorados como Billy el Niño y el acompañamiento entre aplausos hasta la puerta de la cárcel de Guadalajara a un ministro condenado por terrorismo. De una parte, el perro Excálibur, y de la otra los 150.000 muertos de la pandemia a los que no se iba a dejar atrás. El maltrato a Rita Barberá (este, compartido por muchos en el PP), y el orgullo de tener corruptos convictos como José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Las 169 portadas de El País para los trajes de Paco Camps y ninguna para los cerca de 700 millones de euros robados en el caso de los ERE de Andalucía. La exigencia garantizada de una comisión de investigación del trabajito fin de máster de Cristina Cifuentes y ni una sola para investigar en las Cortes Valencianas el caso de la menor —mujer, por cierto, no es no, yo sí te creo, hermana; sororidad, el violador eres tú, etc.— abusada por el entonces marido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra.

Oltra no está imputada por distraer dinero público, que sepamos, ni por ingresar en una cuenta en Suiza el fruto de comisiones ilegales, que conozcamos; ni por malversar fondos públicos… Ni siquiera por financiación ilegal de su partido, por ahora. Tampoco nos consta que haya aceptado cuatro trajes de un amiguito del alma, ni tiene un jaguar en el garaje, ni un ático a bajo precio en Marbella; ni siquiera le regalaron un louisvi o una fiesta de cumpleaños de sus hijos… Incluso no tenemos noticia de que haya hurtado dos tarros de crema en un Mercadona, haya plagiado una tesis doctoral o le hayan regalado un trabajo de fin de máster. Nada de todo lo anterior. Que sepamos.

Lo que sí sabemos es que Mónica Oltra está imputada por varios delitos mucho peores que cualquiera de los anteriores, porque afectan a la vida, al honor y a la dignidad de una mujer menor de edad que sufrió los abusos sexuales de su entonces marido y que Oltra, según la acusación de la Fiscalía, trató de ocultar usando todos los recursos públicos de los que disponía en un plan premeditado para sustraer a su pareja de la acción de la Justicia y proteger su carrera política.

Si el abuso sexual a un menor es un delito que estremece a cualquier persona bien nacida, que los abusos ocurrieran mientras la menor se encontraba tutelada por los poderes públicos valencianos, en concreto por la Consejería que entonces, como ahora, dirige Oltra, y que estuviera en una situación de indefensión ante la prevalencia de un trabajador social que era el marido de la consejera, es perturbador hasta el borde de lo repugnante, e incluso más allá.

Tras la imputación formal, Oltra debería haber cesado en su cargo por voluntad propia. De no hacerlo, debería ser el presidente valenciano, Ximo Puig, el que destituyera ipso facto a su vicepresidenta, consejera y portavoz del Gobierno de la Generalitat valenciana. A estas horas, nada de lo que sería normal ha ocurrido. Bien al contrario.

No nos cabe duda de que los bien pagados activistas-tertulianos invocarán la presunción de inocencia, pero será una invocación risible. No sólo por la naturaleza de los delitos de los que la Fiscalía acusa a la vicepresidenta valenciana, sino porque el Partido Socialista de Puig y su aliado, Compromís, el partido de Oltra, hicieron en el pasado reciente encendidas protestas éticas de buen gobierno en las que no dejaban de insistir en la necesidad de apartar a cualquier cargo imputado.

El socialismo, además, no puede invocar la presunción de inocencia para uno de sus socios cuando ha hecho de la exigencia de responsabilidades políticas a presuntos delincuentes (algunos, ni siquiera eso) el centro de su estrategia de oposición y de comunicación. Véase la moción de censura que con la excusa de la corrupción del Partido Popular consiguió que Mariano Rajoy, embotado, entregara el mando de España a Pedro Sánchez.

Pero ni con la ley del embudo —bien engrasada gracias a unos medios subvencionados y complacientes— se puede entender que Mónica Oltra no haya sido puesta de patitas en la calle, a la espera de juicio, en vez de seguir en su puesto, usando y gastando el dinero de nuestros impuestos y apoyada por este socialismo que tantas veces nos hace hervir la sangre… salvo a los que la tienen de horchata, como los que todavía los votan y los que querrían pactar con ellos.

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