La detención de la candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Berenice Quezada, y el inicio de un proceso judicial en su contra por «fomentar e incitar al odio» por manifestar su posición crítica con el régimen de Daniel Ortega es una nueva muestra de que la dictadura no va a tener miramientos en su objetivo de perpetuarse.
Los comicios convocados para el próximo mes de noviembre únicamente los puede ganar él. Nadie más. Para ello ha arrestado a ocho aspirantes a descabalgarle y ha excluido a los observadores internacionales independientes del proceso electoral. Y todo en mitad de una campaña cruenta en la que también ha detenido a varias decenas de dirigentes políticos y periodistas que cuestionaban una gestión que ha sumido en la ruina absoluta a los nicaragüenses.
Esta oleada de represión, intensificada desde el 2 de junio con la detención de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios, precandidata presidencial y principal favorita en las encuestas, supone la constatación final de que un debilitado Ortega, con bajos índices de popularidad, está haciendo todo lo que necesita para seguir en el poder amparado por la falta de presión y reacción de las grandes potencias internacionales.
Bajo la Administración de Joe Biden, Estados Unidos ha limitado su actuación a meras advertencias, y la Unión Europea, cuyo Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, siempre ha llamado «diálogo inclusivo» con el régimen criminal (éste, el de Cuba y el de Venezuela), ha mirado de perfil.
No, no es suficiente la tardía tanda de sanciones individuales contra ocho dirigentes sandinistas que aprobó esta semana Bruselas -y en la que no está incluido el tirano Ortega- ante un régimen que mantiene una corrupción sistémica, y está eliminando toda disidencia y neutralizando sin un ápice de compasión a su pueblo. Hace falta mucho más.
