Es cierto que vivimos en un estado de pobreza energética fruto de las irresponsables políticas de este Gobierno y de cuantos le precedieron, pero también, y no es menos grave para nuestro sistema de libertades y de formación de una opinión pública responsable, vivimos en un estado de alarmante pobreza informativa.
Para lo primero basta mirar la factura eléctrica o analizar el abandono de la soberanía energética en la que se ha empeñado la clase política española desde los primeros balbuceos de la democracia. Para lo segundo, el mejor ejemplo —sin olvidarnos de la labor sumisa de tantos medios durante la pandemia— ha ocurrido este fin de semana, cuando los medios televisivos del duopolio, los grandes nativos digitales y otras herramientas políticas que se jactan de hacer periodismo, han silenciado la manifestación convocada por el sindicato Solidaridad en contra de la estafa eléctrica que padecemos y que ayer sacó a defenderse a las calles de Madrid a 10.000 personas libres que burlaron el bloqueo informativo de los grandes canales.
Cabe preguntarse por qué. Y es justo responder que, en esta ocasión, no sólo es el innoble activismo político en defensa del Gobierno sanchista de la ruina lo que ha motivado el silencio. Es también la cerviz doblada de las gerencias de esos grandes medios ante el alivio que para sus cuentas de resultados supone las millonarias inyecciones publicitarias de las compañías eléctricas que también salen beneficiadas de la estafa eléctrica con la que se castiga a los consumidores. Las mismas eléctricas que a lo largo de las últimas décadas han cobijado en sus bien pagados consejos de administración a los políticos que se avinieron a legislar en contra de la libre competencia y a favor de sistemas de subastas que, incluso después de expropiaciones ilegales y chavistas de sus beneficios (otro escándalo del que nada se informa), sólo favorecen a esas compañías.
Los medios que dependen de las subvenciones políticas en las que se derrocha el dinero de los contribuyentes, poco van a decir. Aquellos cuyo modelo de negocio depende del enorme gasto publicitario de las compañías eléctricas, nada van a decir. Sabemos de lo que hablamos cuando escribimos que no hay peor censura a la información que la que se ejerce desde el poder económico. Siempre ha posible luchar contra el lápiz rojo de un censor de un régimen totalitario, pero poco se puede hacer contra la autocensura impuesta por el miedo a perder una abultada inversión publicitaria de ciertas empresas de Ibex.
El silencio informativo sobre la convocatoria y la manifestación de los esforzados sindicalistas de Solidaridad —el único sindicato en defensa de los trabajadores que hoy merece recibir ese nombre para vergüenza de las grandes centrales sindicales que guardan sus movilizaciones para cuando no gobiernen los suyos— nos da idea de a qué extremos ha llegado el estado de pobreza informativa en la que malvive España.
