El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mano de derecha de Dolores Delgado y muy ligado a las filas socialistas, ha comenzado su andadura abogando por considerar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco para no acusar a los jefes de la banda terrorista ETA, un inicio que ratifica que el Ministerio Público mantendrá su servilismo a los intereses del Gobierno y continuará en la oscura senda de la infamia.
A la vez, hemos conocido que Interior va a acercar a otros 11 sanguinarios terroristas a cárceles del País Vasco y Navarra, toda una excarcelación encubierta. Los 18 terceros grados a etarras [desde febrero] del Gobierno de coalición de Urkullu con los socialistas solo confirman que los traslados a prisiones vascas hoy son la antesala de más beneficios a aquellos que tienen un reguero de sangre a sus espaldas y que se niegan a colaborar con la Justicia.
Sánchez cuida a sus socios en la misión de mantenerse un día más en el poder. El pasado año, el terrorista Arnaldo Otegui dijo que tenían 200 presos en la cárcel -hoy son menos- y que si para sacarlos tenían que votar los Presupuestos, lo harían.
Lo hicieron. Bildu aprobó los Presupuestos y hoy va sacando adelante toda la destructora y siniestra agenda legislativa socialcomunista. Y Sánchez le sigue pagando una factura que humilla a las víctimas y que a millones de españoles nos hiela la sangre.
