Una cínica máxima define la ayuda exterior como “los pobres de los países ricos financiando a los ricos de los países pobres”, y esto mismo, sin cinismo alguno, puede decirse del plan anunciado por Joe Biden de que se cancelen las deudas estudiantiles con el dinero del contribuyente.
El problema es real y, en algunos casos, dramático. La matrícula de las universidades estadounidenses cuestan un ojo de la cara, de modo que es costumbre suscribir un crecido crédito universitario con un banco para pagarla. El pacto implícito es que un título universitario garantiza una vida laboral exitosa, con un nivel de renta que permite pagar los créditos de marras sin problemas.
Pero hay, al menos, dos problemas. El primero es la inflación de esos títulos: la oferta supera con mucho la demanda, de modo que si un licenciado logra obtener un puesto de trabajo “de lo suyo”, normalmente se encuentra con que el sueldo está muy por debajo de lo esperado. Por otro lado, las universidades multiplican los grados, muchos de ellos perfectamente inútiles en el mercado real (Estudios de Género, Teoría Racial y muchos otros nuevos “estudios de humanidades”). A menudo estos diplomas no sirven más que para colgarlos en la pared del diminuto apartamento y trabajar de camarero en Starbucks.
El resultado ha sido millares de adultos agobiados por una deuda que no podrán pagar jamás y que deteriora sus posibilidades de llevar una vida normal. Y como entre los universitarios hay una mayor proporción de demócratas que entre los no licenciados, la cancelación de esta deuda se convirtió hace ya tiempo en una de las zanahorias que el partido demócrata, explícitamente en las pasadas elecciones presidenciales, ha puesto ante las narices de sus votantes potenciales.
Biden ha ignorado el asunto hasta ahora, que se enfrenta a un descenso de su popularidad sin precedentes y a unas elecciones de medio mandato que podrían traducirse en un desastre para los demócratas. Así que ha empezado a hacer real la promesa.
Ahora, puede ser cuestionable, en un caso desesperado, que el Gobierno ordene la cancelación de una deuda leonina. El Año Jubilar judío era exactamente eso, la cancelación de todas las deudas cada siete años. Pero aquí está el problema: la deuda no se cancela, se paga. Solo que no la pagan quienes la contrajeron y se beneficiaron de ella.
Es decir, los bancos van a cobrar hasta el último céntimo, y las universidades ya han cobrado hasta el último céntimo de las matrículas. Pero los millones de norteamericanos que no han podido permitirse ir a la universidad, o que lo han sopesado y lo han encontrado poco juicioso, tendrán que pagar con sus impuestos a los que, procedentes normalmente del estrato social más elevado, han suscritos créditos que ahora no pueden pagar sin gran sacrificio. En definitiva, una transferencia más de los plebeyos hacia la clase dirigente.
Biden ha anunciado que el gobierno federal pagará hasta $10.000 en deuda estudiantil para estadounidenses que ganen menos de $125.000 por año y $20,000 para los beneficiarios de la beca Pell. La administración también pausará los pagos de préstamos estudiantiles durante cuatro meses más hasta el 31 de diciembre. El plan costará entre $ 300 mil millones y $ 980 mil millones durante 10 años , mientras que la mayor parte del alivio se destinará a los prestatarios en el 60% superior de los ingresos según un análisis de Penn Wharton.
Este asunto ha dividido profundamente a los legisladores demócratas y a miembros de la Administración Biden. Los defensores de la medida aducen que las promesas electorales hay que cumplirlas, sobre todo con un panorama electoral inminente tan alarmante. Los críticos, por su parte, temen que esto agrave la inflación y que el electorado concluya que la medida beneficia sobre todo a los graduados universitarios de altos ingresos que no necesitan la ayuda.
En campaña, Biden instó al Congreso a perdonar $ 10.000 en deuda de préstamos estudiantiles, mientras que legisladores de extrema izquierda como Elizabeth Warren y grupos de defensa como NAACP presionaron a Biden para que consiga al menos la condonación de 50.000 dólares de deuda.
Lo más curioso del tema es que la medida incurre, además de todo, en un riesgo moral (penaliza a quienes hicieron enormes sacrificios para pagar su deuda estudiantil íntegra y premia a los más atolondrados) sin sugerir la menor reforma del problema de fondo, el propio sistema universitario convertido en un sacaperras, con lo que la deuda estudiantil seguirá siendo un problema.
