José-Ramón Ferrandis es de esas pocas personas capaces de poner luz en estos tiempos de oscuridad y de provocada confusión. Conoce muy bien el funcionamiento del Estado español, porque lo lleva estudiando desde hace años como Técnico Comercial y Economista del Estado. Sus análisis de las grandes desgracias que ha habido en las últimas dos legislaturas han aportado conocimiento, criterio y rigor, lo que resulta imprescindible para tratar de entender qué está pasando en España. LA GACETA ha contactado con él para analizar a fondo lo que ha pasado en el accidente ferroviario de Urda, y por qué España parece haberse abonado a los desastres.
P: Con la prudencia que exige el hecho de que la investigación sigue en marcha, y que los datos fiables de los que se dispone hasta ahora son pocos, ¿cuál es su impresión sobre el accidente ocurrido en Arda, y en qué medida cree que pudo haberse evitado?
R: La impresión es la que tenemos todos: se trata de un drama terrible, absurdo, evitable. Estos accidentes no deberían poder ocurrir. Hay medios técnicos, financieros y organizativos suficientes para ello. Si ha pasado (y es la segunda vez en menos de un año) es porque quienes coordinan todo ello establecen las prioridades y escatiman en aplicar los medios requeridos que lo han hecho posible.
Este accidente y el de Adamuz, ocurrido hace pocos meses, sitúan a España a la cabeza de siniestralidad ferroviaria en todo el mundo. Pedro Sánchez ha calificado este hecho como «inasumible», pero no ha tomado ninguna decisión, pidiendo incluso a Puente no dimitir. ¿Es España en este momento un país equiparable al resto de países desarrollados de Europa a nivel de infraestructuras?
Es lamentable la posición que ocupamos en el podio de la incompetencia. Ya no nos comparamos con los países más avanzados, sino con quienes presentan peores registros, pero incluso los países emergentes van a mejor, mientras que nosotros empeoramos. Estamos en las peores manos posibles. Las responsabilidades políticas residen en el responsable del ramo, Puente, quien debe dimitir inmediata e irrevocablemente. No lo hará, sin embargo, pues no lo hizo cuando era exigible por primera vez, como consecuencia del descarrilamiento de Adamuz. La razón subyacente es la irresponsabilidad política de los sucesivos gobiernos de Sánchez. Esa irresponsabilidad tiene a su vez un elemento que la sustenta: estos individuos no están ahí para servir sino para servirse. Para ellos, todo plazo de aprovechamiento de su posición es escaso.
Urda, Adamuz, la dana de Valencia, el apagón… Todos estos desastres, y alguno más, parecen tener un patrón común: el aparente abandono de las infraestructuras públicas. Y siempre con las mismas consecuencias: no hay dimisiones, ni se presentan soluciones tangibles ni demostrables. ¿Cómo calificar esta situación?
De desprecio infinito para con los conciudadanos españoles a los que deberían servir, pues para eso han sido nombrados y para eso se utilizan los impuestos que estamos obligados a entregar. Muy al contrario, han estado dispuestos a cuanto haga falta para disfrutar de las prebendas del puesto, blindado por los votos de las últimas elecciones, la composición del Congreso de los Diputados y la voluntad del presidente del Ejecutivo, apoyado por la totalidad de su partido, el PSOE. Esto, para ellos, es una fiesta, en la que disfrutan. Ojalá acabe pronto esta miseria. Las infraestructuras son absolutamente fundamentales para un Estado, y por tanto, para el gobierno que le insufla acción. Sin ellas no funciona una economía, y sin una economía sana, los ciudadanos empeoran su posición y la renta per capita se hunde. Con cada vez peor transporte sufren industria, agricultura, comercio y servicios, y con esas dificultades se reduce la riqueza. Sin electricidad no hay opciones de ninguna índole, y ya hemos tenido un apagón total, por razones de supuesta estupidez climática insoportable y falsa, a la que subyace la voluntad de destruir las economías de mercado. Sin encauzar adecuadamente las fuerzas de la naturaleza, como se vio en la Gota Fría de Valencia de hace dos años, la destrucción está servida. La capital se salvó porque hace 50 años, los gobiernos de entonces diseñaron y construyeron, con medios infinitamente menores que los actuales, una solución que evitaba el paso del Turia por el centro de la capital. Por el contrario, el sur de la metrópoli se inundó, con los tremendos daños humanos y materiales sufridos, por dos razones políticas: una, la decisión del entonces presidente Rodríguez Zapatero de no construir las infraestructuras que hubieran laminado las avenidas y evitado la destrucción. Y como los fondos europeos para las obras ya estaban comprometidos, habría que preguntar a ese señor por qué lo hizo. Otra, las inicuas leyes ecologistas que no permiten limpiar los cauces, generando residuos que actúan como ariete, destruyen puentes y generan oleaje destructivo al actuar como represas. Francamente, a esta casta de oportunistas no hay por dónde cogerla.
¿Ha habido alguna época, reciente o no, en España (Vd., que conoce su Historia bastante bien) que se parezca a la actual en el desabastecimiento de lo público?
Sí, ha habido dos que yo recuerde. Una la II República, régimen inicuo en el que España, su economía, su convivencia y su futuro saltaron por los aires por la acción de ilusos ingenieros sociales, como Azaña, partidos políticos golpistas, como el PSOE, y la acción de zapa de sindicatos y partidos a la vez. El resultado fue el absoluto decaimiento de la economía, crímenes sin fin y una reacción que abocó a una guerra civil. Otra, las largas décadas de las llamadas «desamortizaciones», que se presentaron como una vía para poner en funcionamiento activos territoriales y posesiones de las llamadas «manos muertas» y en realidad fueron la vía para redistribuir la riqueza desde los más pobres (campesinos y ayuntamientos) y la Iglesia católica hacia las clases acomodadas y la aristocracia, que acabó quedándose con el santo y la limosna.
Una de las consecuencias inmediatas de lo sucedido en Urda es que muchas personas han perdido por completo la confianza en los viajes por ferrocarril, y por ejemplo se han multiplicado las ventas de billetes de avión y del servicio BlaBlaCar. ¿No es triste que esto suceda, cuando España fue durante años una referencia mundial en el transporte en tren?
Es triste, es vergonzoso y es significativo. La gente ha perdido la esperanza en que los poderes públicos gestionen con inteligencia, honradez y eficiencia. De ahí se deriva el rechazo de los medios públicos y el recurso creciente a vehículos particulares y empresas de transporte aéreo en las que AENA apenas puede influir, salvo en los aeropuertos. Los poderes públicos, cuanto más lejos, mejor. Y ojo al estado de las carreteras.
¿Qué cree que sería imprescindible hacer, en lo relativo a infraestructuras, a partir del próximo mes de diciembre cuando el nuevo Gobierno salido de las urnas el 29-N asuma el poder?
En realidad, es sencillo de decir. Primero, dejar de dilapidar los fondos disponibles. Segundo, aprobar unos presupuestos adecuados. Tercero, tecnificar los ministerios, desde el ministro hasta el último subdirector general, haciendo recaer los nombramientos en personas con formación y capacidad demostrada. Cuarto, impedir injerencias y presiones políticas en su trabajo. Y quinto, exigir responsabilidades. No creo sea mucho pedir.
