'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Entrevista a Fernando Rospigliosi
Entrevista a Fernando Rospigliosi

‘Perú se está desintegrando, va camino de ser un Estado fallido’

28 de junio de 2022
El exministro del Interior de Perú, Fernando Rospigliosi

Bloqueos de carreteras, aumento de la inseguridad ciudadana, asesinatos en zonas dominadas por la minería ilegal -prácticamente abandonadas por la policía-, empoderamiento de grupos armados y escándalos de corrupción son noticia habitual en el Perú, un país que, a pesar de los titulares de la prensa internacional que en algún momento celebraron su crecimiento y fortaleza económica, ha caído, en sintonía con sus vecinos, en el hoyo de la crisis política, social y financiera.

La pandemia hizo lo suyo, golpeando una economía dinámica pero informal, donde miles de peruanos viven del día a día gracias a trabajos precarios, sin seguridad social, ahorros o vivienda digna. Y la muerte, el hambre y el enojo surtieron efecto: las elecciones 2021 tuvieron como ganador a un sindicalista vinculado a grupos subversivos -y a condenados por corrupción- sin ninguna experiencia en gestión pública.

El resultado tras once meses de gobierno, pese a las excusas de la izquierda y de algunos liberales despistados que prefieren echarle la culpa a la «derecha golpista» es que Pedro Castillo solo ha empeorado la ya deteriorada economía nacional, impulsando medidas populistas, enervando a la población con sus arengas incendiarias y aferrándose al cargo a pesar de que la mayoría de peruanos ya no solo se siente decepcionada de él, sobre todo le repulsa.

Para entender mejor la crítica realidad peruana, agravada esta semana con la promulgación de una ley que pretende armar a comités de autodefensa -que podría derivar en grupos paramilitares-, conversamos con Fernando Rospigliosi, sociólogo, periodista y analista político, exministro del Interior y exjefe del Consejo Nacional de Inteligencia.

La promulgación de la ley 31494 que reconoce a los comités de autodefensa y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana ha sido rechazada no solo por militares y especialistas en Defensa, también por las rondas campesinas, incluso su presidente, Valentín Sánchez, ha dicho que se movilizarán a Lima para que Pedro Castillo la observe, y que «van a derramar sangre si es necesario» para conseguirlo. ¿Cuál es su opinión respecto a la norma? ¿Por qué es considerada como un peligro para la paz en el Perú?

Es una pésima ley porque pretende armar a grupos en todo el país, sobre todo en zonas rurales, con el pretexto de que los comités de autodefensa, que iniciaron en la década del 90, ayudaron a las Fuerzas Armadas a vencer a Sendero Luminoso, cosa que es cierto, y eso ocurrió en esos años cuando Sendero masacraba a los campesinos, a las comunidades nativas. Entonces, el Gobierno peruano y las Fuerzas Armadas proporcionaron escopetas a estos grupos para que se defendieran de los terroristas, pero luego esto cambió.

Cuando la Policía capturo a Abimael Guzmán y fue desarticulado Sendero Luminoso quedaron algunos grupos subversivos vinculados al narcotráfico en zonas donde se cultiva hoja de coca. Entonces, Sendero Luminoso dejó de atacar a los agricultores, por el contrario, se convirtió en defensor de los cultivos ilegales de coca y del narcotráfico, aliándose con este. Y este grupo de agricultores también defiende el cultivo ilegal y el narcotráfico, ahora son todos aliados contra las fuerzas del orden.

Es un absurdo pretender darles armas a estos grupos que ahora ya no enfrentan a Sendero Luminoso, sino que están aliados con ellos. Además, la ley hace una serie de modificaciones a lo que existía en los años 90, modificaciones muy peligrosas. Por ejemplo, antes decía la ley que se les daba escopetas, armas de potencia limitada, ahora se les pretende entregar cualquier tipo de armas. Además, las pueden recibir en donación de quién sabe. Evidentemente, los que pueden donar son narcotraficantes, gente dedicada a la minería y tala ilegal, organizaciones criminales. La ley también dice que pueden ser apoyados por gobiernos regionales y municipales, y lo que hemos comprobado durante los últimos veinte años es que muchos de estos gobiernos locales han sido capturados por organizaciones criminales que fácilmente podrían convertir a estos grupos armados en sicarios a su servicio.

Es una barbaridad haber promulgado una ley como esta en un país donde la violencia está incrementando. No hay que olvidar que hace unos días un grupo de mineros ilegales asesinó a un grupo rival a balazos, a catorce mineros. Esto nunca se había visto en el país, grupos criminales que capturan un territorio y matan a otros que lo disputan. Con esta ley se favorece la extensión y fortalecimiento de estas bandas criminales.

Ha sido tal el rechazo a la norma que la propia Comisión de Defensa del Congreso que la impulsó tuvo que anunciar que haría una serie de modificaciones para «evitar interpretaciones sobre posibles riesgos a la seguridad nacional», según reza un comunicado. ¿Cree que es suficiente?

Lo que pretenden hacer es peor, porque una modificación puede ser un gesto sin importancia que no cambie el sentido sustancial de la ley y que le permita seguir su trámite. Lo único que tienen que hacer es derogarla, no hay ninguna necesidad de tener una ley así. Cuando al presidente de esa comisión le han preguntado cuándo fue la ultima vez que un comité de autodefensa se enfrentó a Sendero Luminoso, no supo responder, porque obviamente hace más de veinte años que no se conoce de ningún enfrentamiento entre los comités de autodefensa y los terroristas porque ya no pelean entre sí, ahora son aliados. Incluso el propio Gobierno ha dicho que va a demandar esta ley ante el Tribunal Constitucional, esto por presión de las Fuerzas Armadas, porque este gobierno, obviamente, es un gobierno comunista vinculado a Sendero Luminoso que quisiera tener esto para aprovecharlo y crear milicias como las que hay en Venezuela o Cuba para reprimir a la oposición. Pero las Fuerzas Armadas han hecho una oposición muy fuerte a esta ley y por eso el Gobierno va a interponer un recurso de inconstitucionalidad.

De hecho, ha sorprendido que el congresista Williams, militar en situación de retiro que ha enfrentado a los subversivos y pertenece a una bancada de centroderecha, haya impulsado y defendido tanto esta ley que termina favoreciendo a grupos que pueden devenir en un peligro para la seguridad nacional. ¿Cree que este tipo de iniciativas se deben a un mal cálculo político debido al desconocimiento de la realidad nacional?

Desgraciadamente sí. Parece que un buen número de congresistas, incluyendo a los de oposición, viven en una burbuja y están aislados de la realidad, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en el país. Impulsar una ley así teniendo un Gobierno como este es una cosa realmente increíble. No se dan cuenta en que país viven, en qué situación estamos. Hay un desapego a la realidad, esto es grave, muy peligroso.

Resulta interesante hacer mención de que no es la primera vez que se discute la posibilidad de poner a grupos de civiles a hacer labores de seguridad ciudadana, pues el Gobierno apoyó la posibilidad de que los ronderos lo hagan. Y lo que más llama la atención es que estas propuestas han tenido buena acogida en ciertos sectores de la población. ¿Por qué se da esto?

Lo que pasa es que hay un deterioro creciente de la seguridad en el Perú. Esto viene desde antes, pero con el Gobierno de Pedro Castillo se ha incrementado, porque este es un Gobierno al que no le importa en lo absoluto la seguridad ciudadana, ni tiene un plan de lucha contra la delincuencia. En estos once meses hemos tenido cinco ministros del Interior y cuatro jefes de la Policía. Lo que hay es desesperación, y cuando hay desesperación la gente busca soluciones alternativas que son contraproducentes como armar a grupos civiles. Esto lo único que haría es incrementar de manera desmesurada la violencia. La situación de la seguridad en el país es muy crítica. Según las últimas cifras del INEI [Instituto Nacional de Estadística e Informática], más del 85% de los peruanos cree que puede ser víctima de un delito de aquí a los próximos doce meses, y en Lima esta cifra aumenta al 93%. La gente está muy asustada, y con justificada razón, y esto conlleva a que se proponga o respalde alternativas insensatas, que lo único que hacen es empeorar las cosas.

Esta sensación de inseguridad, sobre todo el incremento de la violencia, como los saqueos e incendios de campamentos mineros, el bloqueo de carreteras, los enfrentamientos armados entre mineros ilegales, los atentados de grupos subversivos en la selva y los asesinatos selectivos del crimen organizado, nos hace pensar que el país se ha convertido en un Estado fallido o va por ese camino. ¿Usted qué opina?

Lamentablemente creo que sí, nos estamos deslizando cada vez más rápido hacia el abismo. El Perú está camino a ser un Estado fallido, hay un proceso de desintegración del país, el Estado ya no controla parte del territorio nacional, que termina bajo el control de grupos que imponen su voluntad por la fuerza y por la violencia. El Perú se está desintegrando a vista y paciencia de las instituciones supuestamente encargadas de defender la soberanía y la estabilidad del país.

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