El Ejecutivo, que sigue negando el efecto llamada, ha anunciado un plan de choque para reforzar la atención en la llegada de inmigrantes con una dotación de 30 millones de euros.
El número de inmigrantes atendidos a pie de playa por España desde el inicio del año hasta el pasado 26 de julio asciende a 22.082 personas, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
El Gobierno, que ha ofrecido estos números y su comparación con las cifras de años anteriores en un intento de rechazar la acusación realizada por el líder del PP, Pablo Casado, de que la gestión del «Aquarius» haya provocado un efecto llamada, se empeña en decir que las medidas urgentes tomadas por el Ejecutivo de Sánchez se deben a la «imprevisión» del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Según las cifras de las que dispone el Ministerio, si durante 2018 se ha atendido de momento a pie de playa a 22.082 personas, en todo 2017 se atendió 24.375, un 132 por ciento más que las 10.490 personas de 2016.
En cuanto a los migrantes acogidos por la red de atención humanitaria, desde el inicio del año ascienden a 13.384, mientras que en todo 2017 fueron 16.211 (un 70 por ciento más que en 2016, cuando el número fue de 9.562).
De esas 16.211 personas de 2017, 10.952 fueron derivadas desde instalaciones policiales (comisaría o centro de internamiento de extranjeros) tras su llegada en patera, y 5.259 desde los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla.
Hasta ahora, en 2018 ha habido 10.564 salidas desde comisarías, 1.245 desde los centros de internamiento y 2.025 desde los denominados CETI de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El Gobierno recuerda que para afrontar la especial situación que se está viviendo en las últimas semanas y con la previsión de que se mantenga a lo largo del año, se ha aprobado un plan de emergencia para mejorar la dotación de los programas de atención en costa y acogida humanitaria.
En ese contexto, se prevé la apertura de nuevos centros de acogida de emergencia y derivación que faciliten la identificación de los inmigrantes durante los primeros días.
30 millones para acogida a inmigrantes
El Gobierno ha convocado el próximo jueves la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, que preside la vicepresidenta, Carmen Calvo, y que está integrada por los ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Interior; AsuntosExteriores, Unión Europea y Cooperación; Fomento e Igualdad.
Según han confirmado hoy a Efe fuentes del Ejecutivo, tras la reunión de esa comisión, el 6 de agosto se celebrará la Comisión Sectorial de Migraciones con las comunidades autónomas.
La Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, recientemente creada por el Gobierno de Pedro Sánchez, está presidida por Carmen Calvo e integrada por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; la secretaria de Estado Consuelo Rumí; y representantes de Interior, Asuntos Exteriores y Fomento.
El Ejecutivo ha anunciado un plan de choque para reforzar la atención en la llegada de inmigrantes con una dotación de 30 millones de euros, una partida que se destinará de aquí a final de año para reforzar los dispositivos migratorios en la frontera sur.
Entre los objetivos del plan de emergencia está la asistencia en la llegada de inmigrantes a pie de playa, la atención humanitaria y los centros de derivación. Tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, la ministra Valerio explicó que la intención de su departamento, así como el de Interior y Fomento, es «reforzar todos los dispositivos que están operando en la costa» y destacó que desde el Gobierno están «ocupados en buscar una solución» a la presión migratoria.
En este punto, recordó que el Ejecutivo va a poner en marcha un nuevo centro de acogida en Chiclana (Cádiz), que comenzará a funcionar esta semana, para «ir despejando poco a poco los polideportivos como el de Jerez».
La responsable de migraciones también subrayó que la cuestión migratoria es «un asunto que convoca a toda la Unión Europea» y ha solicitado a Bruselas «más recursos y más ayudas» para contener la presión en la frontera sur de España.
