“Hemos tenido que recoger un testigo abandonado y mojarnos para reconducir el Estado de Derecho”, reivindican los agentes de la Policía catalana.
“Superando muchos temores”. Así ha nacido la Unión de Mossos por la Constitución, colectivo que engloba a alrededor de 300 agentes de la Policía catalana que a través de WhatsApp se han organizado para “atreverse a salir de las catacumbas en las que quieren encerrarnos y normalizar el respeto al Estado de Derecho”.
La organización está presente, sobre todo, en Barcelona y Tarragona, pero también en Gerona y Lérida y está presidida, tal y como ha informado El País, por Ángel Gómez Sánchez. “La asociación surge simplemente del intercambio libre de opiniones entre gente con la misma fe, por decirlo de algún modo, y nuestro objetivo principal es que la gente pierda el miedo y que vea que no pasa nada”, ha manifestado al citado diario este mosso en activo destinado en una comisaría de Hospitalet de LLobregat.
Estos mossos constitucionalistas actúan movidos por un único objetivo: “unir afinidades”. Es por ello por lo que han registrado la asociación en Madrid y aseguran que van a actuar “como canal de captación de una sensación mucho más generalizada de lo que parece pero que permanece oculta por miedo”.
En la sociedad catalana, afirman, “se ha tejido una escrupulosa y paciente tela de araña en forma de red clientelar que se extiende por la Administración pública autonómica (y el entramado civil vinculada a esta) mediante subvenciones o contratos derivados de concursos públicos”.
Tras denunciar que el Estado “ha dejado vendido a un sector importante de la sociedad catalana”, afirman encontrarse “en un conflicto civil en el cual, ante el cariz de los acontecimientos en esta Comunidad Autónoma, diferentes sectores de la sociedad civil están efectuando una toma de posiciones, como la instauración, mediante secesión política, de una fractura de la nación española, que conlleva una pérdida de derechos y libertades en el marco de un régimen totalitario de ideología única basada en criterios etnicolingüísticos, con las consiguientes secuelas de pérdida de conceptos básicos como la igualdad ante la Ley, separación de poderes y otros tales como el genocidio cultural mediante la represión de la enseñanza, y de la historia y manifestaciones culturales del grupo humano mayoritario no catalanoparlante”.
“Nosotros hemos tenido que recoger un testigo abandonado y mojarnos para reconducir el Estado de Derecho”, sentencian.
