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La querella incluye presuntos delitos de administración desleal, denuncia falsa y organización criminal

Un juez investiga a Pilar del Castillo, candidata del PP a las elecciones europeas, por presunta administración desleal

Pilar del Castillo

El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid investiga a la exministra de Educación, eurodiputada del PP y candidata a las elecciones europeas del domingo Pilar del Castillo tras admitir una querella presentada por un antiguo socio de ella por presuntos delitos de administración desleal, denuncia falsa y organización criminal.

Esta noticia desmiente la defensa de Pedro Sánchez ayer en su carta a la ciudadanía, en la que alegó que había una «regla no escrita» por la que los jueces no debían «interferir» en procesos judiciales que afectasen a la clase política en campaña electoral. También calificó de «extraño» que se conociese ayer la citación.

«Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño», comenzó el presidente del Gobierno. «Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones».

Según ha publicado ‘eldiario.es’, el juez investiga si la exdirectora del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) y varios de sus socios conspiraron y denunciaron falsamente a otro empresario. El citado medio señala que el instructor citó a declarar a la candidata Del Castillo (PP) como investigada el pasado 28 de mayo, pero el interrogatorio no se celebró porque no fue localizada.

Las fuentes consultadas por esta agencia de noticias apuntan que, de momento, el juzgado no ha fijado una nueva fecha para tomarle declaración. Esta diligencia tiene lugar después de que –en un principio– el juzgado inadmitiera a trámite la querella, al entender que no había indicios de delitos, y la Audiencia Provincial de Madrid ordenara investigar los hechos, al considerar que no se podía descartar que no hubiesen delitos.

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