Existe una idea repetida mil veces por contertulios y periodistas, y nunca desmentida por la Conferencia Episcopal, de que la Iglesia en España guarda silencio en el debate de la inmigración. Lo que realmente está haciendo la jerarquía de la Iglesia es guardar un disimulado silencio sobre una importante vía de financiación que enlaza con el negocio de la inmigración ilegal en España.
Un negocio llamado Accem que, controlado por miembros de la Iglesia, ingresó el pasado año 225 millones de euros de los que 223 provienen de las arcas públicas. Accem se define como aconfesional y apolítica, pero fue una organización creada por el episcopado español y dirigido todavía por miembros de la Iglesia.
Un poco de historia
Accem fue creada en 1951 por la Conferencia Episcopal. Las siglas a las que debe su nombre son claras: Asociación Comisión Católica Española de Migraciones. Y su objetivo era la ayuda a los emigrantes españoles y a los refugiados de posguerra. Y no hubo cambios hasta 1990, año en el que se registra como Accem (abandonando cualquier denominación religiosa) en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior y se autodefine como aconfesional y apolítica.
Este cambio le permitió entrar de lleno en el incipiente negocio de las ONG beneficiadas por el dinero público. No tuvieron que esperar mucho. En 1992 Accem firmó un convenio con el INSERSO para la creación de Centros de Acogida de Refugiados (CAR).
El sistema de CAR era un modelo de colaboración entre entidades privadas y la administración pública según el cual la administración paga los costes y las organizaciones privadas gestionan. Es curioso que una organización católica camuflada pudiera acceder a un reducido club de ONG en el que tan sólo tres eran reconocidas para la gestión de estos centros de acogida. Además de la que nos ocupa, las otras dos beneficiadas fueron Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
La historia de Accem no se puede desvincular de su origen católico. Hoy, casi tres cuartos de siglo después, la presidenta es una religiosa: Pilar Samanes Ara, hermana de la Caridad de Santa Ana, y el vicepresidente es el padre José Antonio Arzoz Martínez, sacerdote que reside en Alemania en el municipio de Remscheid donde, entre otras cosas, es «capellán de emigrantes».
225 millones al año y 99% de financiación pública
Si Accem fuera una empresa privada que buscase el beneficio, sería estudiada en todas las facultades de economía para explicar cómo es posible que en tan sólo seis años haya conseguido multiplicar por cinco sus ingresos. Y es que, en 2018, gestionó recursos por valor de 45,9 millones de euros y en 2024 ya había ascendido a 225,1 millones. Todo indica, según las fuentes consultadas, que acabará 2025 por encima de los 250 millones.
Son los cuantiosos beneficios del negocio de la inmigración que, al menos en España, se paga con el dinero de todos los ciudadanos, ese que no dejan de repetirnos que va destinado a sanidad y educación.
La memoria económica de Accem de 2024 muestra un volumen de ingresos que convierte a esta ONG en un auténtico gigante del sector: 225.118.355,31 euros, con una financiación abrumadoramente pública. Según sus propias cifras: el 88,16% proviene del Estado (Ministerios y organismos centrales); 7,77 % de gobiernos autonómicos; 2,24% de fondos locales; 0,80% provinciales; y 0,09 europeos. Los fondos privados con los que cuenta ascienden a un 1,0 %, es decir que esta ONG se financia en un 99% con dinero público.
Si nos fijamos en los organismos públicos que financia a Accem vemos que los mayores financiadores son dos ministerios: el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el de Derechos Sociales. Pero también encontramos comunidades autónomas (todas menos el País Vasco y Navarra), diputaciones provinciales y, al menos, 16 ayuntamientos, además de la Unión Europea y organismos internacionales como ACNUR.
La acción de Accem
La práctica totalidad de este dinero se destina a programas vinculados a la acogida y atención de inmigrantes ilegales y refugiados a través de pisos, centros y redes de asistencia que Accem gestiona en 13 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Se trata de un entramado logístico, humano y económico que depende por completo de la continuidad de esas políticas de acogida y de la concesión de contratos y convenios públicos.
De esta forma, una entidad que nació como instrumento pastoral se ha convertido en un actor socioeconómico que gestiona cientos de millones de euros al año, con una plantilla y una red de servicios cuya supervivencia está ligada a las políticas oficiales sobre inmigración.
La organización presume en su memoria de tener una plantilla de 3.839 personas de cincuenta nacionalidades diferentes de las que el 73% son mujeres y el 27% hombres. Además, cuenta con 770 voluntarios.
Un modelo repetido
Accem no es un caso aislado: otras organizaciones nacidas en el ámbito católico y dedicadas a la atención social siguen un patrón similar. Pero Accem destaca por la magnitud de su presupuesto y la amplitud de su implantación territorial. Este modelo crea un incentivo perverso: cuanto más se amplía la acogida financiada con fondos públicos, más crece la estructura interna… y mayor es la dependencia de mantener el flujo constante de inmigrantes y de subvenciones.
El debate sobre la libertad de la Iglesia en España para pronunciarse sobre inmigración no puede ignorar esta realidad. Mientras existan redes clientelares de origen eclesial que dependen de cientos de millones en contratos y convenios para gestionar la inmigración, el margen para disentir del marco político oficial será mínimo. Lo que comenzó como una misión de caridad cristiana ha acabado, en buena medida, convertido en un engranaje más del aparato público de gestión migratoria. Y quien depende de un sistema, difícilmente lo cuestiona.
