¿Garantiza Interior en tres años la equiparación con los Mossos de Esquadra? ¿Cuánto suponen anual y mensualmente estas cifras? ¿Por qué hay diferencia entre Guardia Civil y Policía Nacional? Estas y otras incógnitas del preacuerdo propuesto por el secretario de Estado.
El secretario de Estado de Seguridad, Juan Antonio Nieto, presentó ante los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil una oferta de equiparación salarial que contempla los siguientes conceptos:
• 807 millones de euros por la diferencia que se ha detectado analizando los costes
medios de los diferentes puestos de trabajo.
• La subida que se pacte en la mesa de la función pública para el personal funcionario
quedaría fuera de este acuerdo con Policía nacional y Guardia Civil. Este incremento
supondrá aproximadamente 300 millones de euros en los próximos tres años.
• Se incorporan el primer año 310 millones de euros en concepto de equiparación y 90
millones de la subida para toda la función pública, que suman un total 400 millones de euros el primer año. Además este primer año se ponen 100 millones de euros para nuevos puestos de trabajo del personal en reserva. En total 500 millones de euros en 2018.
• No se tocarán derechos sociolaborales por el acuerdo y por tanto se mantienen
indemnes.
• Se garantizará por Ley que no existan más desigualdades retributivas en el futuro.
• Una auditoría externa bajo supervisión de las asociaciones y sindicatos examinará
puesto a puesto las diferencias retributivas reales. Esta auditoría deberá estar
finalizada el primer año del acuerdo. Si las cantidades mínimas resultantes del análisis preliminar (807 millones de euros) son mayores, se implementará
presupuestariamente la cantidad resultante.
¿Garantiza Interior la equiparación en tres años con los Mossos de Esquadra?
Para evitar una situación de bloqueo que retrase la llegada del dinero a las nóminas de policías y guardias civiles se ha propuesto trabajar sobre una cifra provisional ofrecida por la Administración. Dicha cifra ha sido entendida como el coste mínimo de la equiparación salarial (807 millones de euros).
Una consultora externa e imparcial, con participación de asociaciones y sindicatos, se
encargará de realizar el estudio técnico de correspondencia de empleos, niveles, funciones y retribuciones. El Ministerio adquiriría el compromiso de, una vez conocido el resultado de la auditoría y la cifra final real, corregir la cuantía de la equiparación.
¿Cuánto suponen anual y mensualmente estas cifras?
¿Tienen carácter retroactivo en 2018?
Sí. Estos importes se devengan desde el 1 de enero de 2018 y se percibirán con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2018.
¿A qué conceptos retributivos irán destinadas estas cantidades?
¿Cómo se reparten estas cantidades en las nóminas de cada guardia civil y policía nacional?
Una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2018, las cantidades destinadas a sueldo y Complemento Específico General que se acuerden en la mesa de negociación de la función pública para todos los funcionarios se incorporarán a las nóminas de cada uno de ellos.
Cada Cuerpo internamente repartirá el resto entre los complementos del CES y la
productividad entre todo el personal en activo. Es una línea roja por parte de Secretaría de Estado la posibilidad de trasladar parte del incremento en el CEG, ya que supondría un aumento de retribuciones para el personal de segunda actividad y reserva sin colocar.
Los años posteriores ya se acometerán aquellas disfunciones que se vienen observando en estos complementos en diferentes puestos de trabajo.
¿Por qué hay diferencia entre Guardia Civil y Policía Nacional?
Los efectivos de la Guardia Civil son 75.773 y los de la Policía Nacional, 63.224. Esa diferencia de 12.549 agentes absorbe más presupuestos. Además hay una diferencia de 70 millones de productividad entre Cuerpos (Benemérita por debajo de Policía) debido a una negociación exclusiva de la Policía Nacional que se plasma en diciembre de 2006.
¿Por qué no puede ir destinada toda la cantidad al sueldo?
El Ministerio no tiene disponibilidad porque es una cuestión que se regula en los Presupuestos Generales del Estado para todos los empleados públicos y no se puede fijar un sueldo específico para Policía Nacional y Guardia Civil.
¿Se toca algún derecho de Policía y Guardia Civil?
En la propuesta del Ministerio del Interior, que están estudiando las asociaciones profesionales y sindicatos representativos, quedan fuera del mismo y por tanto permanecen como están todos aquellos derechos sociolaborales que pretendía modificar, como los pabellones o la reserva y segunda actividad.
¿Cómo se garantizaría el cumplimiento de este acuerdo?
Además de la auditoria de puestos de trabajo que garantiza una cifra para conseguir la equiparación real, el Gobierno se compromete a tramitar una Ley de Igualdad Retributiva para que se garantice que en el futuro no se van a producir estos desajustes en los sueldos de los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad y que a igual trabajo debe corresponder un mismo salario.
¿Está incluida la reserva en el acuerdo?
Sí. Se incorporan 100 millones de euros anuales para ofrecer nuevos puestos de trabajo para el personal en reserva que desee trabajar percibiendo una compensación económica atractiva.
Además percibirán el aumento correspondiente a todos los funcionarios que se establezca en la mesa de la función pública.
Estas son las principales incógnitas del acuerdo propuesto por el secretario de Estado de Seguridad a las asociaciones y sindicatos representativos.
Los agentes han decidido, antes de rubricar el acuerdo, someterlo a la consideración de los afiliados de cada uno de los sindicatos y asociaciones dada la trascendencia del mismo. Lo harán «en las próximas horas», ya que la próxima semana tendrá lugar una nueva reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad y ya fijarán su posicionamiento concreto.
¿Y por qué solo a los afiliados de las organizaciones? Principalmente por la certeza de que en la votación sólo participan miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afectados por el acuerdo con nombres y apellidos y para garantizar la transparencia del proceso.
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