La nueva secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en sustitución de Rafael Pérez, combina una ligada trayectoria política con una lealtad inquebrantable al PSOE. Durante su etapa como delegada del Gobierno en Baleares (2020-2023), Calvo impuso sanciones económicas a manifestaciones críticas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, mientras adoptaba una actitud más permisiva ante el aumento de llegadas de pateras desde Argelia, que se cuadruplicaron bajo su mandato.
Uno de los episodios más controvertidos de su gestión tuvo lugar en enero de 2021, cuando miles de personas se manifestaron al grito de «Armengol, borracha», tras conocerse que la entonces presidenta balear había sido sorprendida de madrugada en un bar, pese a las restricciones sanitarias. La delegación del Gobierno, bajo la dirección de Calvo, respondió con sanciones por valor de 140.000 euros, alegando que los manifestantes habían vulnerado las normas vigentes durante la pandemia.
Poco antes de ser nombrada número dos del Ministerio de Igualdad, Calvo volvió a actuar ante las protestas contra la ley de amnistía y Sánchez. El 20 de noviembre firmó un expediente sancionador contra Sociedad Civil Balear (SCB), organizadora de manifestaciones semanales que reclamaban la dimisión del presidente del Gobierno. Según el documento, los asistentes portaban banderas de España y coreaban lemas como «Marlaska dimisión» y «Viva España» frente a la sede del PSOE en Palma.
En materia migratoria, su gestión recibió críticas por su pasividad frente al crecimiento de la inmigración irregular desde Argelia. Durante su mandato, las llegadas pasaron de 507 a 2.194 personas. No obstante, este periodo reforzó su sintonía con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien a partir de ahora será su jefe directo.
