El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, agradeció por escrito a la plantilla de Air Europa su «trabajo y dedicación» tras cerrar el pasado 6 de noviembre la venta del 26% de la compañía a Turkish Airlines. La operación marca el cierre de una etapa crítica para la aerolínea, que durante la pandemia llegó a estar técnicamente en causa de disolución y evitó la quiebra gracias al rescate del Gobierno.
Sin embargo, ese reconocimiento no tuvo reflejo en el plano salarial. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, Air Europa logró ahorrar más de 230 millones de euros en nóminas mediante la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), activados bajo el paraguas de la legislación impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria.
La matriz Globalia envió a casa al 97,5% de su plantilla —unas 15.000 personas— en marzo de 2020, al inicio del estado de alarma. Ese ajuste masivo permitió a la compañía reducir de forma drástica sus costes laborales y sus cotizaciones sociales. La medida se prolongó en los años siguientes: en 2021 afectó al 12,5% de los trabajadores y en 2022 volvió a escalar hasta el 44%, según los informes anuales del grupo.
A ese esquema se sumó un segundo ERTE por causas organizativas y productivas entre abril y septiembre de 2022, que afectó a tripulantes, técnicos y personal de tierra. En total, la compañía dejó de pagar cerca de 40 millones en cotizaciones a la Seguridad Social, una cantidad que pasó a computarse como subvención en sus cuentas.
Mientras miles de empleados permanecían en ERTE, la cúpula de Globalia aprobó el reparto de bonus millonarios a directivos clave. Estas retribuciones se vincularon al denominado proyecto AQUA, diseñado para lograr los 475 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió en noviembre de 2020 para evitar la quiebra del grupo.
En concreto, el secretario del consejo, Ramiro Campos, y el director financiero, Miguel Ángel Sánchez, recibieron 900.000 euros cada uno, mientras que el entonces director de operaciones, Richard Clark —actual consejero delegado— percibió 200.000 euros.
Ese mismo ejercicio, en el que Globalia registró pérdidas cercanas a los 400 millones, la retribución total de la cúpula ascendió a 7,2 millones, una cifra prácticamente idéntica a la de 2019, el mejor año en ingresos del grupo. Los pagos se aprobaron pocos días después de recibir los fondos públicos, pese a que las condiciones del rescate limitaban las remuneraciones extraordinarias.
La entrada de Turkish Airlines en el accionariado ha permitido a Air Europa devolver los 475 millones al Estado, junto a 97 millones en intereses acumulados durante cinco años. La operación consolida la salida de la crisis, pero también abre una nueva etapa con presencia extranjera en el capital.
En paralelo, la compañía mantiene un pulso con el Ministerio de Transportes, al que reclama el pago de unos 75 millones de euros por las subvenciones adelantadas para garantizar vuelos entre la península y territorios como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
El anterior consejero delegado, Jesús Nuño de la Rosa, intentó compensar esa deuda en las negociaciones con la SEPI para devolver el rescate, pero el ente público rechazó esa vía al considerar que se trata de obligaciones correspondientes a organismos distintos.
El caso de Air Europa refleja el impacto de las medidas excepcionales aprobadas durante la pandemia: mientras el Estado asumía costes para sostener el empleo, la compañía reducía gastos laborales de forma masiva y garantizaba su supervivencia con apoyo público, en paralelo al mantenimiento de retribuciones elevadas en su cúpula.
