El Tribunal Supremo celebrará el 13 de mayo la vista sobre las medidas cautelares solicitadas contra la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras escuchar los argumentos de las distintas partes implicadas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidirá si paraliza temporalmente la aplicación del decreto o permite que continúe adelante mientras se resuelve el fondo del asunto.
La batalla judicial gira en torno a la legalidad del real decreto impulsado por el Ejecutivo para modificar el reglamento de Extranjería y facilitar la regularización de cientos de miles de inmigrantes ilegales. Los recurrentes sostienen que la medida excede las competencias reglamentarias del Gobierno y que supone una alteración de enorme impacto político y social sin el correspondiente debate parlamentario.
Entre los argumentos trasladados al alto tribunal figura la posibilidad de que la regularización produzca efectos «irreversibles» antes de que exista una sentencia definitiva. Los demandantes consideran que, una vez ejecutada la medida, sería imposible revertir plenamente sus consecuencias aunque posteriormente la Justicia terminara anulando el decreto.
El recurso también cuestiona el encaje jurídico de la iniciativa dentro de la Ley Orgánica de Extranjería del año 2000. Diversos juristas consultados apuntan que el Gobierno sí puede recurrir al instrumento del real decreto —como ya hicieron anteriores ejecutivos de distinto signo político—, pero advierten de que cualquier desarrollo reglamentario debe respetar estrictamente los límites fijados por la legislación orgánica vigente.
El núcleo del debate jurídico reside precisamente en la relación entre el decreto aprobado por el Ejecutivo y el principio de jerarquía normativa. Los críticos con la medida sostienen que el reglamento no puede modificar ni desbordar aspectos esenciales regulados por una ley orgánica aprobada por el Parlamento.
Además de los argumentos estrictamente legales, el recurso presentado ante el Supremo denuncia que la regularización tendría importantes consecuencias sobre ámbitos sensibles de la vida pública española. Los recurrentes consideran que la medida afecta directamente al equilibrio institucional y social del país y cuestionan el modo en que se ha impulsado desde el Gobierno.
En el escrito remitido al tribunal también se sostiene que el proceso de regularización responde a intereses políticos y electorales y que una iniciativa de semejante alcance debería haberse debatido en sede parlamentaria antes de ponerse en marcha por vía reglamentaria.
Mientras tanto, el Ejecutivo defiende que la reforma se ajusta plenamente a la legalidad y subraya que regularizaciones similares ya fueron aplicadas anteriormente por gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González mediante mecanismos similares.
