El Gobierno de Pedro Sánchez ha clasificado como «secretos o reservados» todos los documentos internos, informes técnicos y evaluaciones relacionados con la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales impulsada por el Ejecutivo. La decisión afecta tanto a análisis policiales como a dictámenes jurídicos y comunicaciones entre ministerios vinculadas al decreto que modifica el reglamento de Extranjería.
La medida, según la documentación remitida al Congreso y a la que ha tenido acceso este periódico, impide acceder a informes elaborados por unidades especializadas de la Policía Nacional, valoraciones sobre el impacto de la regularización en el espacio Schengen o estudios sobre la compatibilidad legal de la reforma con la Ley de Extranjería.
El Ejecutivo justificó esta opacidad recurriendo a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y a diversos acuerdos posteriores del Consejo de Ministros aprobados en 1986 y 1994. El Ministerio del Interior sostiene que, «con carácter genérico», se ha acordado la clasificación de todos aquellos documentos relacionados con la «planificación, preparación o ejecución» del proceso extraordinario de regularización.
La polémica se agrava porque el Ministerio de Inclusión, dirigido por Elma Saiz, aseguró «no tener constancia» de varios de los informes solicitados por la oposición, aunque evitó negar expresamente su existencia. Respecto a las comunicaciones internas entre departamentos ministeriales, el Ejecutivo argumentó que el proyecto seguía «en fase de tramitación», pese a que la respuesta oficial está fechada después del inicio formal del proceso de regularización.
Uno de los documentos más sensibles es un informe interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que fue publicado el pasado febrero y que calculaba en más de 1,2 millones el número potencial de beneficiarios de la regularización. Aquella cifra chocaba frontalmente con la estimación oficial del Gobierno, que situaba el impacto alrededor de las 500.000 personas.
Fuentes policiales sostienen que, tras la nueva clasificación, informes de este tipo quedarían blindados y su filtración podría incluso acarrear penas de prisión y fuertes sanciones económicas para los funcionarios responsables. Los mismos agentes cuestionan que documentos técnicos sobre previsiones operativas o control de antecedentes sean tratados como material sensible equiparable a información de inteligencia.
Mientras tanto, el proceso extraordinario de regularización continúa avanzando. Según cifras oficiales, ya se han registrado más de 180.000 solicitudes durante las primeras semanas de aplicación del decreto. Sin embargo, persisten las dudas sobre el alcance real de la medida, especialmente después de que varios informes policiales internos —ahora fuera del alcance del control parlamentario— apuntaran a un volumen de beneficiarios muy superior al reconocido públicamente por el Gobierno.
