
Grave alarma en Ibiza tras la llegada de una patera con 30 inmigrantes ilegales de origen subsahariano y magrebí que arribó a la costa de es Cupinar, en Formentera. Los agentes de la Guardia Civil los interceptaron nada más tocar tierra, pero el grupo fue trasladado en ferry hasta el puerto de Ibiza, donde la Policía Nacional procedió a su inmediata puesta en libertad en plena zona portuaria pública. Imágenes obtenidas por LA GACETA muestran a los 30 varones sentados libremente en bancos y jardines junto al muelle, sin custodia efectiva, a escasos metros de las furgonetas policiales.
Fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional consultadas por LA GACETA confirman el procedimiento que genera esta situación: «En Ibiza no hay CATE. Una vez se realiza reseña y se le notifica acuerdo de devolución se les deja en libertad. No están ni 24 horas. […] Supongo que los del vídeo deben estar esperando al barco que los lleve a la península. Pero si se quieren quedar se quedan».
Este caso no es una excepción, sino la norma. Las órdenes policiales son claras: identificación rápida y liberación inmediata. La orden de devolución se convierte en papel mojado ante la ausencia de centros de internamiento, la saturación de recursos y la imposibilidad práctica de ejecutar expulsiones. Esta debilidad operativa está convirtiendo a Baleares en uno de los focos principales de la inmigración ilegal procedente de Argelia. Las mafias de tráfico de personas han detectado que aquí encuentran más facilidades que en cualquier otro punto de España.
Los datos oficiales provisionales del Ministerio del Interior (1 de enero al 15 de mayo) reflejan 1.535 inmigrantes ilegales llegados a Baleares por vía marítima, una cifra prácticamente idéntica a la del mismo periodo de 2025 (1.591), cuando se batieron todos los récords históricos. El número de pateras incluso ha aumentado: 78 embarcaciones frente a 76 del año anterior.
Formentera e Ibiza se han convertido en la ruta secundaria preferida. En solo unos días se han registrado decenas de intervenciones: 31, 49 y 34 inmigrantes ilegales en diferentes operaciones. La carencia de infraestructuras logísticas —ausencia de CATE en Ibiza, falta de plazas de internamiento y recursos limitados en islas pequeñas— impide un control efectivo y genera un efecto llamada evidente.
Las mafias argelinas saben que llegar a Formentera o Ibiza supone, en la práctica, quedar en libertad en pocas horas y con la posibilidad de ser enviados a la península con billetes pagados con dinero público o, simplemente, quedarse en las islas. Esta percepción de impunidad multiplica las salidas desde el norte de África.
La presión es insostenible para islas como Formentera, con apenas 12.000 habitantes. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo se ven obligados a destinar operativos constantes que distraen medios de la seguridad ciudadana. Según fuentes policiales consultadas por este medio, muchos vecinos han denunciado en múltiples ocasiones accesos a propiedades privadas por parte de inmigrantes ilegales recién llegados.
Mientras tanto, los recursos públicos se destinan a trasladar, atender y, en muchos casos, facilitar el movimiento de estos inmigrantes ilegales. Todo ello ante la mirada impotente de una población que ve cómo su calidad de vida y su seguridad se ven directamente amenazadas por una inmigración ilegal descontrolada.