En el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares, Madrid, el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) para inmigrantes ilegales, gestionado por la ONG ACCEM, se ha convertido en un polvorín. Habilitado en noviembre de 2023 para aliviar la presión migratoria en Canarias, el centro, que alberga entre 1.000 y 1.500 inmigrantes ilegales, supera ampliamente su capacidad inicial de 1.134 plazas, según denuncia la alcaldesa, Judith Piquet. Un reciente caso de agresión sexual, protagonizado por un joven maliense de 21 años residente del CAED, ha desatado protestas vecinales, enfrentamientos y un clamor por el cierre de las instalaciones. Una investigación exclusiva de LA GACETA revela que ACCEM, encargada tanto de los traslados desde Canarias como de la gestión del centro, ha percibido 11.342.360 euros en contratos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, en medio de críticas por inseguridad, opacidad y una gestión cuestionable.
Un suceso que enciende la chispa
El 28 de junio de 2025, una joven española de 21 años fue violada en un camino de tierra cercano al acuartelamiento, un incidente captado por cámaras de videovigilancia. El sospechoso, un inmigrante de Malí alojado en el CAED, fue detenido y enviado a prisión provisional. El suceso no sólo expuso la vulnerabilidad de la zona, sino que desató una oleada de indignación en Alcalá. El 2 de julio, cientos de vecinos, apoyados por organizaciones como Revuelta y VOX, se manifestaron frente al Ayuntamiento al grito de “¡Nuestros hijos no se tocan!”, exigiendo el cierre del centro. La protesta, que buscaba visibilizar el malestar por la inseguridad, terminó con cuatro detenidos por desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, además de una anciana herida durante los enfrentamientos.
ACCEM: Millones bajo escrutinio
En el núcleo de esta controversia está ACCEM, una ONG que no solo gestiona el CAED, sino que también coordina el traslado de inmigrantes ilegales desde Canarias a la península. Según documentos obtenidos en exclusiva por LA GACETA, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, ACCEM firmó diez contratos con el Ministerio de Migraciones por un total de 11.342.360 euros para servicios en el acuartelamiento Primo de Rivera, que incluyen acompañamiento e información, traducción e interpretación, transporte y atención médica. Los contratos, que se prevé se mantengan en cuantías similares, se desglosan como sigue: 826.020 euros en diciembre de 2023, 1.015.560 euros en enero de 2024, 950.040 euros en febrero, 1.096.160 euros en marzo, 1.060.800 euros en abril, 1.093.680 euros en mayo, 1.058.400 euros en junio, 2.187.360 euros para julio y agosto, y 1.058.400 euros en septiembre. Estas cifras, que suman más de 11,3 millones en menos de un año, contrastan con las crecientes críticas a la gestión del centro.
Fuentes policiales consultadas por este medio denuncian que los trabajadores de ACCEM carecen de formación adecuada para evaluar la peligrosidad de los inmigrantes alojados, muchos de los cuales no están reseñados policialmente. Esta falta de registro complica la localización de individuos implicados en incidentes, como el reciente caso de agresión sexual. Además, las mismas fuentes señalan un “ocultismo” en torno a los conflictos internos del CAED, con momentos de tensión que no se denuncian ni trascienden, alimentando la percepción de descontrol. La opacidad en la gestión, sumada a la incapacidad de detectar riesgos, ha generado una sensación de inseguridad que los vecinos de Alcalá ya no están dispuestos a tolerar.
Un modelo insostenible y sus fisuras
La doble función de ACCEM, que combina el flete de vuelos desde Canarias con la administración del CAED, plantea serios interrogantes sobre la transparencia y eficacia del sistema. Mientras el Ministerio de Migraciones destina millones a esta ONG, los vecinos denuncian que el centro se ha convertido en un “polvorín” que amenaza su seguridad y calidad de vida. La falta de un plan integral para la inmigración ilegal, unida a la opacidad en la gestión de los recursos, intensifica las críticas hacia un modelo que parece priorizar el traslado masivo de inmigrantes ilegales sin abordar las consecuencias derivadas de ello. La saturación del CAED, que supera los límites acordados, y la ausencia de controles efectivos sobre los inmigrantes alojados han convertido a Alcalá en un microcosmos de las tensiones que genera una política migratoria mal gestionada.
El caso de Alcalá no es aislado, pero sí un reflejo de un sistema al borde del colapso. Con un violador en prisión y una comunidad en ebullición, el CAED no sólo es un problema de seguridad, sino un símbolo de las fisuras de un modelo que cuesta millones y que solo ofrece problemas de seguridad.
