Anticorrupción ya no tiene dudas: ve indicios sólidos para que el Tribunal Supremo procese al exministro de Transportes José Luis Ábalos, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez hasta 2021. La investigación sobre la trama de comisiones ilegales en contratos millonarios durante la pandemia ha avanzado hasta el punto de que el magistrado instructor Leopoldo Puente podría dictar el procesamiento en cualquier momento.
Las revelaciones del empresario Víctor de Aldama, comisionista clave de la empresa Soluciones de Gestión, han sido una bomba. La compañía se embolsó 53 millones de euros por traer material sanitario en plena emergencia sanitaria, pero las sombras de corrupción son cada vez más densas. Según fuentes consultadas por Abc, las acusaciones de Aldama contra Ábalos y su entorno —pagos en efectivo, vacaciones de lujo, alquileres y sueldos públicos sin trabajo alguno— han ido encontrando respaldo punto por punto.
Entre los indicios más contundentes: un alquiler vacacional en La Alcaidesa (Cádiz) pagado por una sociedad vinculada al entorno de Aldama; un lujoso piso en la madrileña Plaza de España alquilado por 2.700 euros al mes para Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos; y sobresueldos de 10.000 euros mensuales para Koldo García, asesor del exministro en Transportes.
Pero la trama va mucho más allá de simples favores. Las declaraciones de testigos y el material intervenido han permitido al juez abrir nuevas líneas de investigación, que afectan a otros ministerios como el de Interior y a comunidades como Baleares y Canarias. Todo ello, presuntamente, gracias a los contactos de Ábalos con Aldama.
Una de las declaraciones más escandalosas fue la de la propia Jésica Rodríguez. Admitió que consiguió un puesto público con sueldo de más de 1.000 euros durante dos años —por mediación directa de Ábalos y su entorno— y que no fue ni un solo día a trabajar. Este episodio ha salpicado incluso a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ahora también investigada en la causa paralela de la Audiencia Nacional.
Otra mujer vinculada al exministro, la ex Miss Asturias Claudia Montes, también fue colocada en empresas públicas dependientes del Ministerio, como Ineco, Tragsa y LogiRail.
En paralelo, la Guardia Civil trabaja en un informe clave sobre un presunto amaño en la Dirección General de Carreteras, donde, según Aldama, se pactaban comisiones ilegales del 1% al 1,5% a cambio de adjudicaciones. Una prueba pericial ya ha confirmado que anotaciones manuscritas en los documentos eran del propio asesor de Ábalos.
Y el escándalo sigue creciendo. Aldama, en su declaración voluntaria ante la Audiencia Nacional y después en el Supremo, implicó directamente al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Aseguró que le entregó, a través de Koldo García, un sobre con 15.000 euros frente a la sede de Ferraz. El motivo: evitar un conflicto por una adjudicación de obra pública en el País Vasco.
Ahora, la Unidad Central Operativa (UCO) está a punto de entregar un informe que podría cambiarlo todo. Si encuentran indicios sólidos sobre Cerdán, el número tres del PSOE, el caso podría escalar aún más y destapar el verdadero alcance de la red.
