Comprueba la existencia de irregularidades en los tratamientos de datos por parte de la Generalitat a raíz de una denuncia que interpuso VOX.
La Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha comprobado la existencia de irregularidades en los tratamientos de datos por parte de la Generalitat a raíz de una denuncia que interpuso VOX en enero de 2017 ante la Agencia Española de Protección de Datos -posteriormente tramitada a la catalana- tras las declaraciones vertidas por Santiago Vidal y Lluis Salvadó a lo largo del ciclo de conferencias que realizaron como ponentes en distintos puntos de Cataluña.
En dichas conferencias, Santiago Vidal afirmó que «la Generalitat tenia todos los datos fiscales». «Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal», añadió.
Asimismo, declaró que «el Gobierno catalán había hecho un trabajo de campo» donde, según él, se había determinado «de los 801 jueces españoles en Cataluña cuáles compartían los sueños e ideales separatistas».
VOX solicitó a la Agencia Española que se adoptaran todas las medidas para prohibir la posible cesión o uso ilegal de datos por parte de los denunciados y que se investigara la posible elaboración de listas de perfiles ideológicos de jueces por parte de la Consejería de Justicia del Govern. En este sentido, instó a determinar si había existido o existían posibles cesiones ilegales de datos para facilitar la labor de asociaciones, fundaciones, empresas, partidos políticos, instituciones u organismos públicos y Administraciones Públicas que pretendían la ruptura del marco constitucional.
Ahora, la APDCAT ha informado que ha acordado la iniciación de dos procedimientos sancionadores, uno contra la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y otro contra el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalidad.
En concreto, en relación con el procedimiento iniciado contra la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se atribuyen tres infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) relativas a la conservación de datos, la contratación de una empresa tercera sin el contrato señalado por el artículo 12 de la LOPD y deficiencias en cuanto al sistema de contraseñas de acceso a los datos Tributarios de los ciudadanos.
Respecto al procedimiento iniciado contra el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalidad se incide en la infracción por la trasmisión de datos.
El departamento jurídico de VOX y, específicamente, el letrado y columnista de La Gaceta Ricardo Chamorro han manifestado que como ya decían en la denuncia, «la Generalidad maneja los millones de datos de los ciudadanos catalanes que habrían sido tratados de manera arbitraria hacia un interés claramente rupturista con el marco constitucional». «La gravedad exigía una inspección minuciosa y de gran calado para dirimir responsabilidades por el quebrantamiento de derechos fundamentales. No obstante, VOX seguirá supervisando todo el procedimiento en defensa de los derechos fundamentales de los españoles», ha añadido.
