Cualquier mujer que quiera acceder al programa de ayuda a las víctimas de «violencia de género» puede hacerlo sin haber sufrido nunca antes ningún tipo de maltrato.
Así lo establece el actual Pacto de Estado contra la violencia de género que permite acceder al «titulo habilitante de violencia de género» sin necesidad de una denuncia previa.
La propuesta fue aprobada en diciembre de 2021 tras un acuerdo alcanzado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, integrada por el Ministerio de Igualdad, y los consejeros autonómicos del ramo y establece que no sólo las víctimas de «violencia de género» que hayan presentado una denuncia pueden acceder a las prestaciones. La acreditación podrá ser concedida a las víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar; víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído o víctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose.
Sin embargo, la decisión de quién obtiene esta categoría de víctima de violencia machista es competencia de las comunidades autónomas y son ellas las que deben realizar, tras la petición, la valoración previa de la acreditación a través de un equipo de intervención asistencial.
Y, en cumplimiento de esta normativa, en varias comunidades se están concediendo ayudas a falsas víctimas cuyas parejas han sido absueltas en el juicio.
Así lo ha contado esta semana el periodista Unai Cano en el diario The Objective en el que explica que el Ejecutivo madrileño concede el «carnet de maltratada» a quien presenta un informe técnico acreditativo que revele esa condición, o informes técnicos motivados que se eleven a la Dirección General de la Mujer. «Para realizar dichos informes sólo es necesario la palabra de la mujer, nada más», señala Cano.
Así, The Objective se refiere a un caso concreto: el de la exmujer de Antonio. La «acreditada» denunció a su marido hasta en cuatro ocasiones por delitos de «violencia de género» y él fue declarado inocente en cada una de ellas. Además, un informe de la Policía Nacional subrayó las «incoherencias y divagaciones» de la víctima, a la que también se retiró la custodia y la patria potestad de su hijo por maltrato continuado.
Pese a todo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid le han otorgado el «título de víctima de violencia de género» con el que puede acceder a una ayuda de entre 600 y 900 euros al mes para el pago del domicilio, así como a ventajas en el trabajo, becas o transporte público. Si se cuenta con menores en cuidados paliativos pediátricos, esa ayuda asciende a un único pago de más de 8.000 euros.
Y esta ayuda se mantuvo aun cuando Antonio decidió actuar y enviar toda la documentación que acreditaba que su exmujer no era víctima de «violencia de género» al departamento de Políticas Sociales de la CAM. «Patricia Reyes, directora general de Igualdad en la Comunidad de Madrid, es quien contesta a Antonio tras enviar éste un escrito con toda la documentación, rechazando su solicitud y resaltando que se han basado en la Ley 5/2005«, explica Cano en su artículo.
La situación en Madrid ha sido también denunciada a nivel nacional. En febrero de 2022, el ahora exdiputado del grupo mixto Pablo Cambronero envió una pregunta al Gobierno sobre las condiciones que se exigen a las mujeres denunciantes para acceder al subsidio destinado a las víctimas de «violencia de género».
🔴🔴Abro hilo con una respuesta del Gobierno a la pregunta que hice de la iniciativa de @IreneMontero sobre la “consideración administrativa de víctima de violencia de género”
— Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) February 23, 2022
Creo que es extremadamente grave todo lo que contiene, y no es poco. 4 Páginas.
Empiezo… pic.twitter.com/jPX8Lt1Zp4
«El Gobierno admite además que ‘sin ningún género de dudas’ la consideración de víctima administrativa de violencia de género y sus contraprestaciones NO afectará a la presunción de inocencia de las parejas o ex parejas de la considerada víctima», explicó entonces Cambronero.
En el mes de febrero, el Ministerio de Igualdad anunció un incremento de un 35,8% el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista, hasta llegar a la cifra récord de 160 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para este 2023.
Según informó en un comunicado el departamento que dirige Irene Montero, se trasladó a las comunidades autónomas la propuesta de incrementar en 42 millones esta partida respecto a 2022 «para la prevención y lucha contra las violencias machistas».
Millones de dinero público para sufragar ventajas económicas a las que cualquiera puede acceder.
