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El auto de Llarena que complica la estrategia judicial de Anna Gabriel

El juez del Supremo ordenó el pasado mes de enero a la Guardia Civil analizar los correos electrónicos del expresidente prófugo Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y 30 personas más, entre las que se encuentra precisamente la exportavoz de la CUP.


La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que no ha comparecido ante el Tribunal Supremo pese a estar citada como imputada por la causa abierta por rebelión, y permanece en Ginebra, ha pedido el archivo de la causa y la libertad de los separatistas «perseguidos» y ha denunciado «la falta de imparcialidad de los tribunales españoles».
En una entrevista concedida a TV3 desde Suiza, no se ha mostrado sorprendida por la orden de detención nacional dictada por el Supremo contra ella por no haber comparecido, y ha confirmado que la CUP ha optado por una «estrategia compartida y desdoblada» ante los tribunales, lo que conlleva que, mientras la también exdiputada Mireia Boya compareció ante el juez, ella ha optado por no hacerlo y «refugiarse» en el país helvético.
Anna Gabriel, que queda en la misma situación que el expresidente Puigdemont y los cuatro exconsejeros que permanecen huidos en Bélgica, ha recalcado que no está en Suiza porque haya elegido vivir allí, sino porque entiende que «la falta de derechos que sufren los independentistas» catalanes en España le ha llevado a tomar la decisión de presentarse ante sus tribunales y ha dicho que «los delitos que nos atribuyen no existen» porque no han provocado violencia y que simplemente hay una persecución política, y que les quieren «humillar y castigar.
El juez, que la incluyó en el comité estratégico en el que se apoyó el ‘procés’ e incluyó su nombre en la lista mails a examinar, la desmiente.
Llarena ordenó el pasado mes de enero a la Guardia Civil analizar los correos electrónicos entre el 28 de abril de 2016 y el 27 de octubre de 2017 del expresidente prófugo Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y 30 personas más, entre las que se encuentra precisamente la exportavoz de la CUP.
En este sentido, libró un mandamiento al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y al Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat) para que facilitaran la información solicitada.
En su auto, de 24 páginas, el magistrado justificó la necesidad de acceder a los correos «en el posible concierto de los investigados para lograr la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña, excluyendo a este territorio español y a su población del sometimiento al régimen constitucional que constituye la base democráticamente consensuada de nuestra convivencia».
Señaló que los separatistas buscaron «el apoyo masivo de importantes sectores de la población para, desde la determinación que pudiera exhibir ese sector social, ejercer puntuales reacciones violentas, y amenazar con una eventual explosión social que generalizara la insumisión al orden jurídico y el enfrentamiento ciudadano, determinando así al Estado a aceptar una secesión de parte del territorio».
El magistrado, que comenzó el relato de los hechos destinados a lograr la independencia en diciembre de 2012, enumeró todos los pasos dados hasta la declaración unilateral de independencia y destacó también que documentos como el denominado Enfocats, o una agenda diario llevada por quien fue Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda del Generalitat, Josep María Jové, mostraban la
existencia de una planificación respecto del proceso secesionista.
Desde VOX, que ejerce como acusación particular en la causa, volvieron a decir que pese a la estrategia judicial de muchos líderes separatistas, que lo niegan todo, la orden de Llarena evidenciaba que hubo una planificación, organización y coordinación para el golpe de Estado.
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