Prospectivas internas de los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que ha tenido acceso LA GACETA, revelan que entre el 1 de enero y el 23 de junio de 2026 se han registrado 68 detenidos por terrorismo yihadista en España en el marco de 37 operaciones. Esta cifra, alcanzada en solo 174 días —el 48% del año—, equivale ya al 68% del total de todo 2025, que cerró con 100 detenidos. El ritmo actual sitúa a España en una trayectoria clara de récord.
Si se mantiene el ritmo registrado en el primer semestre, la proyección anualizada apunta a un cierre de 2026 en torno a 143 detenidos. Esa cifra superaría el máximo histórico absoluto registrado en 2004, año de los atentados del 11-M, cuando se produjeron 131 detenciones. Incluso una desaceleración moderada en los próximos meses permitiría superar el máximo reciente de 2025. Los servicios de información consideran que, salvo un desplome operativo improbable, 2026 marcará un nuevo techo en la serie histórica de detenciones por terrorismo yihadista en España.
Los datos muestran que la serie no avanza de forma lineal, sino impulsada por operativos de gran tamaño. Dos macrooperaciones —una en Melilla el 17 de abril con 8 detenidos y otra simultánea en cinco provincias el 27 de mayo con 10 detenidos— concentraron el 39% de los arrestos registrados hasta finales de mayo. Sin esas dos actuaciones, el ritmo base anualizaría en torno a 70 detenidos. Esta concentración evidencia tanto la capacidad de las unidades antiterroristas para golpear redes de forma contundente como la naturaleza discontinua de la amenaza, que puede pasar de periodos de menor intensidad a picos bruscos.
Según las mismas prospectivas policiales, el grueso de las detenciones de 2026 responde a perfiles de radicalización digital y autoadoctrinamiento, con presencia de conversos, menores y financiación a través de criptomonedas a grupos como Hamás y Daesh. Se detecta también una concentración territorial en Ceuta y Melilla. Los servicios de información distinguen dos corrientes de amenaza que convergen. Por un lado, el terrorista autóctono digitalizado. Por otro, el vector asociado a las vías de entrada ilegal; aunque la mayoría de los casos actuales corresponden al primer perfil, las fuentes consultadas advierten de que el elevado volumen de inmigración ilegal procedente de zonas de presencia yihadista activa —especialmente el Sahel— complica de forma significativa el cribado de inteligencia y aumenta el riesgo de infiltración de activos en escenarios de alta presión migratoria.
Esta segunda corriente no es nueva. Casos verificados en los últimos años demuestran que la saturación de los controles en contextos de flujos masivos dificulta la detección temprana. Los servicios de información subrayan que el alto volumen de inmigración ilegal desde zonas de alto riesgo genera un factor estructural de vulnerabilidad que complica el trabajo de inteligencia y cribado, y que las autoridades ya están monitorizando con especial atención.
Desde el comienzo de la XV Legislatura, el 17 de agosto de 2023, hasta el 23 de junio de 2026, los servicios de información contabilizan 308 detenidos por terrorismo yihadista en España. La intensidad operativa actual iguala o supera la de periodos marcados por atentados de gran letalidad. Las prospectivas internas concluyen que la amenaza yihadista interna se encuentra en máximos de la serie reciente y en clara trayectoria ascendente, al tiempo que la capacidad de detección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha reforzado.
El documento subraya que la combinación de una amenaza yihadista interna en máximos históricos recientes con un volumen sin precedentes de inmigración ilegal procedente de zonas de alto riesgo configura un escenario de vulnerabilidad estructural. La saturación de los controles en contextos de entradas masivas e incontroladas dificulta el cribado efectivo y eleva el riesgo de que activos vinculados a grupos yihadistas logren pasar desapercibidos. Los servicios de información consideran que esta situación exige una monitorización reforzada y una revisión de los mecanismos de filtrado en frontera y en los flujos de protección internacional.
La trayectoria actual sitúa a España ante la posibilidad real de cerrar 2026 con el mayor número de detenciones por terrorismo yihadista desde el 11-M. Ese dato no refleja solo una mayor capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Refleja también una amenaza que sigue activa y que se ve alimentada por un contexto de inmigración ilegal masiva procedente de regiones donde grupos yihadistas como JNIM y Daesh-ISGS mantienen presencia consolidada. La combinación de ambos factores genera una presión estructural sobre los sistemas de inteligencia y control que las autoridades ya están evaluando con máxima prioridad.
