El juez del Supremo Pablo Llarena ve en el proceso separatista un «ataque al Estado Constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno».
En el auto de procesamiento de 25 personas, 13 de ellas por rebelión, el magistrado otorga una especial gravedad a lo ocurrido en Cataluña teniendo en cuenta que el Govern de Carles Puigdemont se aprovechó de «las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos» de esa comunidad.
«Un ataque -sospecha el juez- que puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas».
Y ello porque, según el magistrado, así lo expone que el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, que contemplaba que en el caso de que la independencia no fuese consentida por el Estado, «la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal».
Y seguiría tras el fin 155…
Y este ataque continuo al Estado de Derecho no iba a cesar una vez se conformase un nuevo Govern. Llarena sospecha que la estrategia de ruptura del soberanismo no ha terminado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que se encuentra «latente y pendiente de reanudación» cuando se recupere «el pleno control» de las competencias autonómicas.
En el auto de procesamiento de 25 implicados en el «procés», Llarena plantea que esa posibilidad se aprecia «cada vez con mayor nitidez».
El magistrado expone que el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña contemplaba que en el caso de que la independencia no fuese consentida por el Estado, «la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal».
Y que sería el mantenimiento de la movilización ciudadana lo que «terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república».
Con Rovira como actriz protagonista
Llarena atribuye a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, un papel «esencial» en el impulso de las leyes del proceso secesionista, así como en la «coordinación» de distintos sectores de la administración para organizar el referéndum del 1-O.
Rovira, que este viernes no ha acudido a la comparecencia a la que estaba citada en el Supremo y ha anunciado que se marcha de España, al considerar que el «exilio» es la única forma que tiene de recuperar su «voz política».
Cuando el pasado mes de febrero acudió a declarar como investigada en el Supremo, Rovira quedó en libertad provisional bajo una fianza de 60.000 euros y tenía la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados, aunque Llarena no acordó retirarle el pasaporte.
El magistrado ha situado a Rovira entre los 13 líderes del proceso secesionista a los que acusa de rebelión, al entender que tuvo un «papel esencial a lo largo de todo el proceso», no solo «en la ideación de los mecanismos de actuación», sino también en el «impulso parlamentario de una legislación de soporte».
El magistrado fundamenta los indicios que incriminan a Rovira en las conversaciones telefónicas que la Guardia Civil intervino por orden del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en el marco de la causa en que investiga los preparativos del 1-O.
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