Algunos juristas y tertulianos habían insistido en las últimas semanas en que no ha habido rebelión durante el golpe separatista catalán. El juez Llarena, sin embargo, ha justificado punto por punto por qué si hubo violencia durante el ‘procés’.
En su auto, el instructor de la causa secesionista en el Supremo, Pablo Llarena, va desmontando con hechos y argumentos que el golpe separatista catalán fuese pacífico. Para ello, en el auto de procesamiento, detalla cómo los exconsejeros se coordinaron con los Mossos para seguir adelante con el 1-O aún sabiendo que podría desatarse la violencia.
El asedio a la Consejería, como ‘una toma de rehenes’
Es el punto de partida para su argumentación de la violencia del ‘procés’ que sus impulsores han negado. Llarena afirma que el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre no fue «exclusivamente intimidatorio» sino que allí se limitó la capacidad de actuación «como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire».
Lo manifiesta el magistrado en el auto de procesamiento, en el que sostiene que los acontecimientos ocurridos ese día «determinaron el efecto inherente a la violencia», aunque ésta no estuviera planeada desde un inicio, y explica que «la muchedumbre actuó como una masa de fuerza».
Los hechos ocurridos durante el asedio, al que, según el juez, acudieron 60.000 personas, reflejaron que «existía un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia».
Una violencia extensible al referéndum ilegal
No solo se ciñe Llarena a ese 20 de septiembre, sino que también considera que hubo actos violentos durante el 1-O, cuando se instó a los ciudadanos a que defendieran el recuento de votos y a que hiciesen frente al despliegue policial destinado a impedir la votación.
Con esta actuación los representantes políticos que alentaron a la ciudadanía no solo aceptaron «el riesgo de una violencia claramente representable», sino que impulsaron «a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedió el día de la votación».
Y lo hicieron «tras años impulsando el deseo colectivo por la independencia» y después de haber convocado «movilizaciones masivas» y convencido «a los seguidores de que ostentaban una legitimidad para una independencia que sabían constitucionalmente imposible».
«Es evidente que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza«, añade Llarena.
Así justifica que hubo violencia
En su auto, de 70 páginas, el juez explica por qué, a su juicio, existió violencia durante estos días para sostener así el procesamiento por rebelión de 13 de los 25 encausados, en tanto que este delito solo puede atribuirse si ha existido violencia.
Además, sostiene el juez que en el caso de que lo recogido en la instrucción no aportase «la férrea justificación» de esa intencionalidad violenta, el relato de hechos demuestra que quienes siguieron participando en actos desarrollados después del asedio, sabían «que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse».
«Y la persistencia en su determinación criminal con ese conocimiento es muestra de su voluntad de incorporar la utilización de la fuerza al mecanismo para conseguir una secesión a la que no quería renunciarse», apostilla el juez.
Llarena cree que «se decidió utilizar el poderío de la masa» para que «el Estado de Derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse».
Así, añade, el delito de rebelión «es plenamente exigible a quienes, conociendo el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaron a su actuación criminal».
Y esto se amplió al 1-O
El expresidente del Govern Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn sabían «sobradamente» que en la jornada del referéndum habría una «escalada de violencia», ya que habían sido advertidos de ello por los Mossos en una reunión.
Llarena relata que el 28 de septiembre, tres días antes del referéndum, los máximos responsables de los Mossos se reunieron con los tres responsables del Govern.
En el encuentro les informaron de que, «si bien había imperado hasta entonces un pacto tácito de no violencia, la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas (entre ellos el comité de defensa del referéndum, estudiantes, bomberos, etcétera), hacían prever una ruptura respecto a situaciones pasadas y una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento», por lo que lo que aportaba seguridad «era eludir la votación del 1-0».
Ello indica, para el juez, que «los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia», en vista de los enfrentamientos ocurridos ocho días antes, el 20 de septiembre, en la Consejería de Economía durante el registro judicial a su sede.
Así se coordinaron con los Mossos
«Pese a ello, la decisión de los miembros del Gobierno fue de que la votación había de celebrarse», añade el juez en el apartado del auto de procesamiento dedicado a la actuación del ejecutivo de Puigdemont.
Así, explica cómo después de la reunión de coordinación policial las entonces consejeras de Enseñanza Clara Ponsatí y de Trabajo Dolors Bassa asumieron la dirección de los centros escolares y cívicos para ofrecer locales para celebrar la votación.
El juez, en línea con los informes de la Guardia Civil, cifra en 1,6 millones de euros el dinero público que, según han probado las investigaciones, se usó el 1-O. Pero la actuación de los integrantes del Govern procesados se remitió a mucho antes.
Llarena cita el momento en que firmaron la convocatoria del referéndum y cómo siguieron luego adelante con el proceso «pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad de las distintas iniciativas parlamentarias» anteriores.
El cuerpo autonómico no evitó el 1-O sabiendo que habría volencia
Y a pesar de conocer y advertir sobre los riesgos que podría desencadenar el referéndum ilegal, Llarena tiene claro que los Mossos d’Esquadra diseñaron un dispositivo para el 1-O que estaba «orientado a boicotear» la orden judicial para evitarlo, al optar por la «inacción» y por unas pautas «plenamente dilatorias y tolerantes con la votación».
El magistrado, que en el marco de su investigación ha interrogado como testigos a la cúpula de los Mossos y al coordinador del dispositivo del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, remarca que existen «importantes elementos» que confirman que la policía autonómica diseñó un operativo «formal o aparente» que estaba «orientado a boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción».
Como ejemplo, destaca que en los días previos al referéndum los Mossos acudieron a los puntos de votación donde «informaban (desvelaban)» que el 1-O acudiría una pareja y que lo cerrarían si no lo impedía una aglomeración de personas, lo que supuso unas «pautas de actuación» que sirvieron de base para que las entidades secesionistas ocuparan los centros desde la víspera.
Además, apunta que los Mossos movilizaron a 7.000 efectivos, pese a que en jornadas electorales normales lo hacen 12.000 policías, y que se distribuyeron «de manera ineficaz» ya que lo hicieron «no en el sentido de poder garantizar el cierre de los grandes centros de votación, sino en el de garantizar la presencia de al menos dos agentes en los 2.259 centros de votación existentes».
«Las pautas de actuación previstas eran plenamente dilatorias y tolerantes con la votación», remarca Llarena, que también pone de relieve que los mandos de los Mossos a los que ha interrogado, entre ellos el actual jefe de la policía catalana, Ferran López, han confirmado que no han abierto expediente disciplinario a ninguno de los agentes del cuerpo que aparecen en los 41 vídeos aportados por la Guardia Civil «desplegando comportamientos incompatibles con el acatamiento de la decisión judicial de clausurar los colegios».
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