El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada que revierte la cesión del inmueble en el Cerro de La Cantueña. Este edificio está siendo adaptado por la Comunidad de Madrid para funcionar como centro de recepción de menas.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido la posición del Ejecutivo autonómico, afirmando que tienen «el mandato legal» de atender a los menas, citando «la crisis migratoria y el caos del Gobierno de Pedro Sánchez» como factores que obligan a ampliar recursos. García Martín ha criticado al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), acusándolo de insolidaridad e incoherencia, y ha exigido que explique las «verdaderas razones» de su oposición al centro de menores.
El Gobierno local de Fuenlabrada había decidido revertir la cesión del inmueble argumentando que se incumplía el convenio de 1999, que estipulaba su uso para la difusión ambiental y en beneficio de los vecinos. Sin embargo, la Comunidad de Madrid sostiene que el inmueble es de «titularidad» regional y que el Ayuntamiento no tiene autoridad para revertir su cesión.
Este conflicto surge días después de que el Consejo de Gobierno aprobara una inversión de 18,7 millones de euros para el centro, que contará con 96 plazas. La oposición del alcalde Ayala se ha centrado en criticar el modelo del centro, acusando a la Comunidad de Madrid de querer crear un «contenedor» de menores.
En respuesta, García Martín ha subrayado que otros municipios, como Madrid, Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares, también disponen de recursos para atender a menores no acompañados y ha instado al alcalde de Fuenlabrada a abandonar su «actitud obstructiva».
La Comunidad de Madrid ha dejado claro en un comunicado que el inmueble tiene titularidad regional y, por tanto, no puede ser revertido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Este recurso es el último episodio de un enfrentamiento que ha sido un punto de fricción constante entre el Gobierno autonómico y el alcalde de Fuenlabrada.
