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Ayuso se opone a la prioridad nacional pactada entre VOX y PP en Extremadura: «No puedes dejar a nadie fuera»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este viernes uno de los puntos centrales del acuerdo alcanzado entre PP y VOX en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola. En concreto, Ayuso ha cuestionado la propuesta de aplicar el principio de «prioridad nacional» para que los españoles accedan de forma preferente a ayudas públicas, servicios o vivienda social frente a los extranjeros.

Desde Bruselas, la dirigente madrileña ha puesto en duda la viabilidad legal de esta medida y ha defendido que «no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos«. En esa línea, ha insistido en que «no se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido», en referencia, entre otros aspectos, al acceso a la sanidad pública.

El acuerdo firmado entre PP y VOX en Extremadura recoge el compromiso de impulsar cambios en la legislación estatal para facilitar la implantación de la prioridad nacional, una medida que busca priorizar a los españoles en el acceso a recursos públicos. Sin embargo, ambas formaciones reconocen en el propio documento que carecen de competencias directas para aplicarla, por lo que plantean «instar» al Gobierno central a modificar la normativa vigente, incluida la ley de extranjería.

La oposición de Ayuso introduce una brecha interna en el Partido Popular respecto a este planteamiento. Mientras en Extremadura se ha aceptado incluir esta exigencia de VOX para desbloquear la investidura, la presidenta madrileña se distancia abiertamente de cualquier medida que suponga restringir el acceso a servicios públicos en función de la nacionalidad.

El contexto legal añade complejidad al debate. El Gobierno aprobó recientemente el Real Decreto 180/2026, que refuerza el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, consolidando el carácter universal del sistema. Este marco normativo limita el margen de actuación de las comunidades autónomas, que deben ajustarse a la legislación estatal en materias como sanidad o servicios sociales.

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