El expresidente hace hincapié en que la reforma constitucional no debe ser un pago a plazos al secesionismo.
El expresidente del Gobierno y presidente de la fundación FAES, José María Aznar, ha asegurado este jueves que la reforma constitucional «de la que se habla no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo».
Aznar ha realizado estas declaraciones durante el acto de clausura del Foro #Ideasfaes, celebrado en Valencia, en el que varios expertos han debatido sobre sanidad y educación.
A su juicio, «el secesionismo catalán ha sobrepasado todas las líneas rojas que creíamos que existían ante un desafío de semejante magnitud a la ley y al orden constitucional».
«Los silencios se han interpretado como debilidad y no como muestras de prudencia, y se ha inculcado en las mentes una independencia gratuita, dorada y saludada por el mundo, cuando la realidad es la fractura social y el descrédito internacional. Un conflicto sin precedentes en democracia», ha agregado.
Por ello, ha advertido que, «más allá de las reclamaciones independentistas, está en juego el pacto constitucional de 1978, el valor de la transición democrática, la continuidad de la historia de España que hizo de la Constitución un terreno firme de reencuentros entre los españoles».
Tras destacar que es la primera vez que el Foro FAES sale de Madrid, Aznar ha indicado: «Vivimos momentos de profundos cambios que requieren de ideas independientes y análisis rigurosos».
Pide desterrar los mitos fiscales del separatismo
España atraviesa, en su opinión, «un momento crítico de su historia y nadie puede abdicar de su responsabilidad, sea cual sea su ámbito de actuación», y ha destacado la labor de FAES a la hora de «desterrar los mitos fiscales o las falsedades históricas que avalan el delirio sedicioso de unos cuantos».
El expresidente ha propuesto que «el debate identitario no posponga debates inaplazables», entre los cuales ha situado el de la «insostenibilidad financiera frente a los retos demográficos».
«Las razones no hay que buscarlas en los impuestos que pagan los ricos», por considerarlo una «estratega de corto alcance», sino en «un mercado de trabajo que cinco años después de la reforma mantiene una tasa de paro del 17 %» y un sistema educativo que «necesita más calidad para no seguir aumentando la dualidad del mercado laboral».
Además, ha lamentado un sistema fiscal «con muchos impuestos, demasiado altos y complicados, que distorsiona el comportamiento de personas y empresas y lastra el crecimiento».
Por ello, ha sostenido que «nadie preocupado por la desigualdad y la pobreza debería oponerse a la revisión profunda del sistema de bienestar, profundizar en la reforma del mercado laboral y del sistema impositivo».
Suecia, el ejemplo
Todo ello sumado a la reforma del «sistema de provisión de servicios públicos en materia de sanidad y educación» y su apertura a la competencia privada, porque «depara resultados muy superiores en términos de coste y satisfacción frente al monopolio público».
En este sentido ha puesto el ejemplo de Suecia, que «extremó la generosidad de su sistema de bienestar» hasta llegar a la quiebra, y «hoy disfruta de un sistema eficiente y sostenible en el que impera la libertad de elección del contribuyente y la competencia privada en los servicios de sanidad y educación».
«Nuestro modelo es importante como para no tener en cuenta los riesgos que afronta. No podemos leer cada semana que el sistema de pensiones tiene vida para diez años y esperar al décimo año para ocuparnos de él», ha advertido.
«La historia de las reformas en España ha sido exitosa siempre que se ha optado por más espacios de libertad, aunque lo contrario también es cierto», en opinión del expresidente, que ha calificado de «decepcionante» la respuesta a la crisis, que «se explica, en parte, por el parón reformista que empezó en España en 2004» con la llegada del PSOE al Gobierno.
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