El Ministerio de Exteriores ha abierto un nuevo «procedimiento especial» para que descendientes de emigrantes españoles puedan acceder a la nacionalidad una vez cerrado el plazo de solicitudes por la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La nueva vía está dirigida a los hijos de quienes ya hayan obtenido la nacionalidad española por ese cauce y que quedaron fuera del proceso por ser menores de edad cuando se tramitaba el expediente de sus padres.
La medida se aplica en el Consulado General de España en Buenos Aires, el que tramita el mayor volumen de expedientes de nacionalidad española. El Gobierno presenta este nuevo mecanismo como una fórmula para corregir los casos de jóvenes que no pudieron aportar su documentación porque todavía no constaba inscrita la nacionalidad española de alguno de sus progenitores, detalla Okdiario.
Exteriores justifica el procedimiento por la demora acumulada durante los últimos años. Según la comunicación consular, «durante los últimos años ha habido ocasiones en las que menores de edad, al momento de la cita para solicitud de la nacionalidad española, se vieron imposibilitados de presentar la documentación por encontrarse pendiente de inscripción la nacionalidad de alguno de sus progenitores». El Ministerio añade que, «teniendo en cuenta la demora en la resolución de los trámites causada por la ingente cantidad de solicitudes y para evitar un perjuicio a los interesados, se ha establecido un nuevo procedimiento para resolver estos casos».
La nueva vía afecta a quienes no pudieron presentar su solicitud porque, en el momento de la cita, aún no existía el hecho jurídico que habilitaba el trámite: estar sujetos a la patria potestad de un español. A partir de ahora, una vez que el progenitor obtenga la nacionalidad española y quede inscrito en el Registro Civil, el hijo podrá pedir una nueva cita mediante un cuestionario digital habilitado por el consulado.
El procedimiento distingue entre menores y mayores de 20 años y precisa que no se rige por la Ley de Memoria Democrática, cuyo plazo ya ha expirado. En la práctica, Exteriores mantiene una puerta abierta para nuevos expedientes vinculados a la Ley de Nietos aunque el calendario oficial ya haya concluido.
Una avalancha de expedientes
Los consulados españoles afrontan desde hace meses una sobrecarga extraordinaria por el volumen de solicitudes de nacionalidad. Según los últimos datos actualizados, 2,4 millones de personas han solicitado cita para acogerse al acceso a la nacionalidad española. De ellas, 1,2 millones de expedientes están todavía en trámite y 545.000 ya se han resuelto favorablemente.
La Ley de Memoria Democrática fue concebida para facilitar el acceso a la nacionalidad a los descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, una instrucción de octubre de 2022 amplió en la práctica ese derecho a cualquier descendiente de emigrante español.
Esa interpretación ha permitido que bisnietos y tataranietos de españoles emigrados puedan beneficiarse del proceso, como ha revelado OKDIARIO. En muchos casos, se trata de descendientes de personas que abandonaron España antes de la Guerra Civil y que, por tanto, no encajaban en la categoría de exiliados políticos que justificó públicamente la ley.
El resultado ha sido un proceso de nacionalización masiva con impacto administrativo, diplomático y electoral. La presión se concentra especialmente en Iberoamérica y, de forma destacada, en Argentina, donde el consulado de Buenos Aires acumula el mayor número de solicitudes.
El impacto electoral del voto exterior
La dimensión política de este proceso no se limita al acceso a la nacionalidad. El aumento del número de españoles en el exterior afecta también al censo electoral y puede tener consecuencias directas en futuras convocatorias.
Los resultados de las cuatro elecciones autonómicas celebradas desde diciembre —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— han dejado un dato significativo: aunque el Partido Popular se impuso con claridad en esos comicios, el PSOE fue la fuerza más votada entre los españoles residentes en el extranjero, el conocido como voto CERA.
El Gobierno busca, por un lado, aumentar el número de españoles en el exterior y, por otro, elevar su participación electoral. En las elecciones generales de 2008, la participación de los españoles residentes fuera de España alcanzó el 30%. Tras la implantación del voto rogado, esa cifra cayó de forma drástica. La eliminación de esas trabas mejoró el dato en 2022, aunque de forma limitada: en los comicios de 2023 se situó, por ejemplo, en torno al 10%.
Los socialistas han defendido públicamente la nacionalización por razones de justicia social. Sin embargo, el partido también ha usado este proceso como argumento político para pedir la movilización del voto exterior.
Unos días antes de las últimas elecciones generales, la entonces responsable del PSOE Exterior y actual secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se reunió con el colectivo de españoles de Buenos Aires y pidió el voto con una apelación directa a la nacionalidad concedida por la ley del Gobierno socialista. «Más que nunca tenemos que votar, movilicémonos, cada voto es imprescindible en este momento porque no queremos volver a la España negra», afirmó.
A este proceso se suma otra medida revelada por este periódico: el Ejecutivo prevé un presupuesto de 8 millones de euros para una nueva ayuda de entre 4.000 y 7.600 euros destinada a españoles en el exterior, entre ellos los conocidos como nietos del exilio, que quieran regresar a España y se encuentren en situación de «vulnerabilidad económica».
La nueva vía exprés anunciada por Exteriores mantiene vivo el debate sobre el alcance real de la Ley de Nietos, el uso político de la nacionalización masiva y el peso creciente del voto exterior en un escenario electoral cada vez más ajustado.
