«Es por su seguridad». Ese es el eslogan con el que la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende justificar la instalación de radares en las carreteras de nuestro país. Un lema que adorna señales e invade campañas publicitarias millonarias, mientras el firme de las vías por las que circulamos se desmorona sin que nadie asuma responsabilidades.
En España hablar de seguridad vial se ha convertido en una cuestión de márketing, no de realidad. Porque lo cierto es que autopistas y autovías llevan más de una década abandonadas a su suerte. Desde la crisis de 2008, el presupuesto destinado al mantenimiento de carreteras se desvió a otras prioridades, y el resultado está hoy a la vista: redes principales en estado ruinoso, baches, carriles cortados y señales de velocidad dibujadas a mano.
Carreteras al borde del colapso
Según la Asociación Española de la Carretera, el déficit acumulado de mantenimiento ya ronda los 10.000 millones de euros. Hace tres años, la cifra exacta ascendía a 9.918 millones, y desde entonces el deterioro no ha hecho más que acelerarse. Las últimas borrascas han destrozado aún más el pavimento de las principales vías de circulación, convertidas ya en una trampa para conductores.
La respuesta de las autoridades ha sido el parcheo. Ni más ni menos. En el kilómetro 750 de la A-66, por ejemplo, durante plena operación salida de Semana Santa, los conductores se toparon con varios kilómetros de carril derecho directamente clausurado. El estado del firme obligaba a desplazarse al carril izquierdo, mientras la señalización parecía improvisada con rotulador.
Un deterioro que dispara los accidentes y el consumo
El estudio de la Asociación Española de la Carretera lo deja claro: un mal estado del pavimento incrementa la probabilidad de accidentes y, además, eleva hasta un 10% el consumo de combustible. Los vehículos se ven forzados a circular por los tramos menos deteriorados, habitualmente el carril izquierdo, algo que compromete tanto la fluidez del tráfico como la seguridad de todos.
Aunque el mantenimiento no depende directamente de la DGT, sí lo hace la defensa de los derechos de los conductores. Y la realidad es que la Dirección General de Tráfico guarda silencio mientras los titulares de las vías —Ministerio de Transportes y comunidades autónomas— permiten que las carreteras se degraden cada día más.
El Estado es responsable de 26.400 kilómetros de carretera, cuyo déficit de mantenimiento alcanza ya los 3.300 millones de euros. El resto, 75.300 kilómetros, está en manos de las comunidades autónomas, que acumulan otros 6.700 millones en deuda de conservación.
A esta cifra se suman 470 millones de euros adicionales que hacen falta sólo para reponer equipamiento básico: balizas, señales o elementos de visibilidad nocturna.
A pesar del panorama, la inversión pública sigue sin llegar. El firme de nuestras carreteras se considera oficialmente «deficiente» desde 2009, y cada año se hunde más. Las zonas más castigadas son Aragón, La Rioja y Asturias, mientras que sólo el País Vasco, Extremadura y Valencia mantienen unos mínimos aceptables.
En algunos tramos, el deterioro ha alcanzado tal nivel que ya no basta con reasfaltar. Hay que reconstruir directamente los sustratos sobre los que se asienta la calzada.
