El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha acusado directamente a la antigua cúpula política del partido de estar detrás del robo de material sensible vinculado a la caja B, en el marco de la operación Kitchen. En su declaración judicial, sostiene que dicha operación «sólo pudo llevarse a cabo con el visto bueno de las más altas instancias del PP«, y apunta expresamente al expresidente Mariano Rajoy, así como a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y a la ex secretaria general María Dolores de Cospedal.
Bárcenas, que ha comparecido como acusador tras haber cumplido condena por el caso Gürtel, asegura que el objetivo del operativo parapolicial fue sustraer un pendrive que contenía tres grabaciones comprometedoras, entre ellas una conversación con Rajoy sobre la contabilidad irregular del partido. Según su testimonio, ese dispositivo fue ocultado en el taller de restauración de su esposa y desapareció mientras él permanecía en prisión preventiva.
El extesorero relató una escena incluida en una de esas grabaciones: «Se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles«, en referencia a Rajoy al recibir documentación sobre la caja B. Ese material, junto a anotaciones de pagos en negro durante campañas electorales, formaría parte del botín sustraído.
Durante su intervención, insistió en que no busca reabrir su pasado judicial, sino denunciar un episodio que, a su juicio, vulneró gravemente el Estado de Derecho. «No voy a perdonar nunca que mi propio partido me robara en mi casa y pusiera en riesgo la vida de mi mujer y de mi hijo«, afirmó, en alusión al episodio del falso cura, al que calificó de «secuestrador».
La operación Kitchen, investigada en la Audiencia Nacional, implicó a decenas de agentes policiales y altos mandos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy. Aunque las defensas han sostenido que el despliegue buscaba localizar una supuesta fortuna oculta del extesorero, Bárcenas niega haber tenido conocimiento de fondos escondidos y sostiene que el verdadero objetivo era recuperar documentación comprometedora para la dirección del PP.
El caso vuelve a poner el foco en el grado de conocimiento que pudo tener Rajoy sobre el operativo, una cuestión que sigue sin resolverse y que depende en buena medida de los testimonios del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de quien fuera su número dos, Francisco Martínez.
Bárcenas ha reclamado ahora que los mandos policiales implicados hagan públicas las grabaciones sustraídas para «zanjar definitivamente» el caso. A su juicio, la desaparición de ese material constituye el núcleo de una operación política y policial destinada a proteger a la cúpula del partido en uno de sus momentos más críticos.
