La ministra ha asegurado que el consenso en que hay que reformar la Constitución existe «desde hace años», no solo entre los expertos y los propios partidos políticos sino en la ciudadanía.
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha considerado que la reforma constitucional es «urgente» y que exige un acuerdo entre las fuerzas políticas, pero se trata de un «consenso de llegada» no de «partida», ha puntualizado, ya que tampoco lo tuvo la actual Constitución de 1978.
Durante su intervención en el curso «Constitución y modelo territorial» de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Batet ha asegurado que hay que realizar esta reforma porque si no el propio texto constitucional «se debilita» y ha reclamado a todos los partidos políticos «concurrencia y responsabilidad» para afrontarla.
En este sentido, Batet ha indicado que el órgano adecuado para llevar a cabo este debate es la Comisión de Evaluación del Estado Autonómico que se constituyó a petición del PSOE en el Congreso, y que solo cuenta en este momento con la participación de este partido y el PP.
Por eso, ha instado a todas las fuerzas parlamentarias a participar con «lealtad» en la comisión, que es una «oportunidad» de sentarse a negociar la reforma después de seis años «de no hacer nada».
Según Batet, existe en España una «crisis de integración constitucional», al menos en algunos territorios, y para resolver esa crisis son necesarias reformas constitucionales, y también no constitucionales, pero con contenidos concretos.
A su juicio, las instituciones deben «asumir la defensa de la pluralidad» que hay en España, sea mayoritaria o no en algunos territorios, porque permanecer en el «inmovilismo» supone alejar a la ciudadanía del modelo territorial que recoge la Constitución.
Sobre la posibilidad de que el acuerdo para la reforma de la Constitución pueda iniciarse en lo que queda de esta legislatura, dos años, Batet ha dicho que «ni es fácil ni es rápido» y no cree que se vaya a producir «de manera inmediata», pero es importante que pueda empezar el diálogo entre los partidos.
También ha indicado que no es algo que dependa del Gobierno, ni siquiera de un grupo parlamentario, sino de la «concurrerncia y voluntad» de todas las fuerzas políticas y, en este sentido, ha reclamado al PP la misma «lealtad y sentido de Estado» que tuvo el PSOE cuando estaba en la oposición ante la crisis territorial.
La ministra ha asegurado que el consenso en que hay que reformar la Constitución existe «desde hace años», no solo entre los expertos y los propios partidos políticos sino en la ciudadanía.
Ha recordado que la última vez que el sondeo del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en 2012, el 58 % de los ciudadanos «pensaba que sería bueno reformar la Constitución», un porcentaje que aún «sería mayor» ahora, ha afirmado, algo sobre lo que cree que tienen que reflexionar las fuerzas políticas.
Una de las cuestiones que hay que recoger en una posible reforma constitucional son las distintas «identidades» que hay en España, ha manifestado, porque es la manera de que la mayoría de los ciudadanos se vean reconocidos en el texto constitucional, un reconocimiento que tiene que ser fruto del acuerdo y el «esfuerzo» de los partidos políticos.
«La diversidad no es un problema, es algo bueno, implica más dificultad en su gestión pero renunciar a esta riqueza de España no es buen mecanismo para hacernos la vida más fácil», ha advertido Batet.
Por lo que respecta a la financiación autonómica, Batet ha recordado que no es competencia de su ministerio, pero ha asegurado que el Gobierno «va a hacer mejoras» en este ámbito, tras constatar que no se va a realizar la reforma en esta legislatura.
Esas mejoras son necesarias porque «hay muchas comunidades que llevan mucho tiempo sufriendo un modelo que no se corresponde con sus necesidades, y no responde al principio de equidad», ha reconocido.
Por eso, el Gobierno trabajará para intentar dar «respuesta inmediata» que garantice la prestación de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas.