«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
EL JUEZ PEINADO PODRÁ IMPUTARLA POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Begoña Gómez, más cerca de ser imputada por malversación: la Audiencia de Madrid allana el camino al considerarla «funcionaria pública» a efectos penales

Pedro Sánchez prostíbulos
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en la Moncloa. Europa Press

La Audiencia Provincial de Madrid ha atribuido el estatus de «funcionaria pública» a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en relación con su actividad en la Universidad Complutense, allanando el terreno para imputarla por malversación, además del presunto tráfico de influencias que ya investiga el magistrado Juan Carlos Peinado. Hasta ahora, Gómez había eludido esa imputación gracias a una interpretación jurídica que la alejaba del perfil de autoridad o funcionaria.

Uno de los focos que ha conectado a la mujer del presidente Pedro Sánchez con un eventual delito de malversación está relacionado con el software desarrollado para el máster que dirigía en la Complutense. Según reveló El Confidencial, la universidad destinó fondos a este proyecto, adjudicando en diciembre de 2022 un contrato menor a Deloitte por valor de 14.999 euros, justo un euro por debajo del umbral que habría obligado a abrir un concurso público.

Un año después, en otoño de 2023, Gómez firmó también los pliegos de otra adjudicación relacionada con ese programa, también en favor de Deloitte, esta vez por un importe de 60.500 euros. Este proceso está ahora bajo escrutinio judicial no sólo por la forma de contratación, sino también porque el software desarrollado terminó registrado a nombre de la propia Begoña Gómez, lo que ha abierto una línea de investigación por posible apropiación indebida.

En este contexto, el principal argumento de defensa de la esposa del presidente, basado en que no ostentaba un cargo público en sentido estricto, ha perdido solidez. La consideración de Begoña Gómez como funcionaria pública a efectos penales proporciona al juez un marco jurídico más robusto para avanzar en el procedimiento e interpretar con mayor contundencia los posibles delitos de malversación y tráfico de influencias.

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