El Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, ultima una profunda reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que supondrá un cambio estructural en el modelo de instrucción penal en España. La medida prevé que los fiscales asuman la dirección de las investigaciones penales, en lugar de los jueces de instrucción, lo que implica que unidades como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pasarán a depender directamente del Ministerio Público.
La reforma de la Lecrim es uno de los proyectos legislativos clave del actual Ejecutivo. El Gobierno prevé iniciar su tramitación este verano. La propuesta establece que las investigaciones quedarán en manos de los fiscales, bajo la supervisión de un juez de garantías, aunque este juez no dirigirá las pesquisas, sino que autorizará aquellas medidas que afecten a derechos fundamentales, como intervenciones telefónicas, registros domiciliarios o prisiones preventivas. También se encargará de resolver recursos relacionados con la vulneración de derechos.
Paralelamente, el Ejecutivo ha impulsado una segunda reforma que modifica el Estatuto del Ministerio Fiscal. El Gobierno defiende que esta actualización garantiza la independencia del órgano, al ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado. Sin embargo, el nombramiento seguirá en manos del Gobierno, lo que ha generado fuertes críticas entre asociaciones judiciales y fiscales, que ya han anunciado movilizaciones para el mes de junio.
