El Parlamento Europeo (PE) ha apoyado con los votos de populares y socialistas la imposición de aranceles a todos los productos agrícolas procedentes de Rusia y de Bielorrusia, así como a ciertos fertilizantes. Esta medida, promovida por la Comisión Europea y ahora refrendada por la Eurocámara, pretende restringir la entrada de mercancías agroalimentarias de ambos países y minar los ingresos que Moscú y Minsk destinan a financiar la guerra en Ucrania.
La propuesta contempla un incremento del 50% en los derechos aduaneros sobre productos que hasta ahora estaban exentos de cargas adicionales, como el azúcar, el vinagre, los piensos y las harinas. Además, se establece un arancel del 6,5% para los fertilizantes, con el objetivo de reducir la presencia rusa y bielorrusa en un mercado considerado estratégico para la soberanía alimentaria de la Unión Europea.
Desde el grupo parlamentario que ha liderado el expediente, la eurodiputada popular Inese Vaidere ha defendido que el nuevo reglamento permitirá «cerrar el grifo económico que abastece el aparato militar ruso», al tiempo que refuerza la autonomía agrícola del bloque comunitario.
Sin embargo, el campo ha lamentado una decisión que, una vez más, les coloca a los agricultores como principales perjudicados. Asaja ha expresado su rechazo frontal a la medida, denunciando que vuelve a recaer sobre los agricultores el peso de decisiones políticas que disparan los costes de producción. En su crítica, han señalado que ni siquiera se han aceptado propuestas para flexibilizar la aplicación de la Directiva sobre Nitratos o introducir mecanismos de transparencia que alivien la carga burocrática.
Unión de Uniones (UdU), por su parte, ha calculado que la subida de precios en los fertilizantes como consecuencia de estos nuevos aranceles podría suponer un encarecimiento del 17 % en los insumos, lo que se traduciría en un sobrecoste estimado de hasta 340 millones de euros para el sector agrario.
Mientras Bruselas insiste en que el sacrificio es necesario para debilitar la economía bélica de Rusia, el malestar crece entre los productores europeos, que se sienten atrapados entre las exigencias ambientales y el encarecimiento de los insumos —además de la competencia desleal de algunos países africanos y el reciente acuerdo Mercosur—. La medida, que divide a las instituciones y al campo, vuelve a evidenciar la fractura entre los intereses estratégicos de la UE y las necesidades urgentes del primer eslabón de la cadena alimentaria.
