El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado su campaña para imponer el catalán como lengua oficial en la Unión Europea. Lo ha hecho, según confirman fuentes diplomáticas, con presión directa, advertencias y promesas de ayudas, en una estrategia que roza las amenazas a los Estados miembros más reticentes.
Durante la reunión preparatoria celebrada en Bruselas, representantes del Ejecutivo español trasladaron a sus socios que «se tendrá en cuenta cualquier falta de solidaridad«, en clara alusión a futuras relaciones bilaterales. La advertencia, lanzada en vísperas de la votación que podría decidir el futuro del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea (UE), ha sido interpretada como un intento de coacción por parte del Gobierno de Sánchez, que lidera personalmente la operación.
La presión diplomática ha sido sostenida e intensa. Según varias fuentes europeas, se ha llegado incluso a sugerir que el Ejecutivo podría condicionar aspectos relacionados con la Defensa y el despliegue militar español en el este de Europa. Aunque esta posibilidad se considera remota y peligrosa —por mezclar cuestiones de seguridad común con decisiones lingüísticas— lo cierto es que en Bruselas se ha detectado malestar por el tono utilizado por España.
El objetivo del Ejecutivo es que el catalán obtenga «el mismo estatus que el castellano o el inglés» en las instituciones europeas. Aunque el plan sigue siendo difícil de materializar, los movimientos recientes han acercado la posibilidad, y el Gobierno se reserva la opción de retirar la votación en el último momento si ve que no tiene apoyos suficientes. Si se mantiene, el respaldo deberá ser unánime.
El optimismo en Moncloa y Junts contrasta con la incertidumbre real. Algunos diplomáticos apuntan a que España no cuenta con todos los votos necesarios, mientras que otras fuentes aseguran que el apoyo está garantizado. El Gobierno, por su parte, se muestra «prudente» y sostiene que nadie les ha dicho que no, aunque tampoco han recibido confirmaciones claras.
En este contexto, cobra especial importancia el intercambio de favores que se negocia hasta el último minuto. Países indecisos estarían exigiendo contrapartidas a cambio de votar a favor del reconocimiento de las lenguas regionales. «Puede decidirse en la misma puerta de entrada», admiten fuentes gubernamentales.
Desde Junts se insiste en que «hay dos o tres países que no quieren aceptar» la oficialidad del catalán, aunque confían en que puedan cambiar de postura. La frustración es evidente: «Con el catalán en Europa seguiremos sin cobrar, ni por adelantado ni con retraso«, ironizaban desde la formación, en alusión a que la promesa del PSOE de impulsar el catalán en Bruselas fue la moneda de cambio para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol.
La maniobra de Sánchez no sÓlo divide a España, también genera rechazo entre los socios europeos, que ven con recelo que un Gobierno utilice la política exterior y hasta la Defensa como instrumento de chantaje lingüístico.
