El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la cláusula de salvaguardia que permitirá la entrada masiva de arroz de Myanmar y Camboya en Europa. La decisión abre la puerta a un aumento de las importaciones de hasta un 45%, una medida que el sector considera un golpe difícil de encajar para los productores comunitarios, ya de por sí presionados por los precios internacionales.
En la última década, la Unión Europea ha recibido de media cerca de 387.000 toneladas de arroz procedente de estos países asiáticos, aunque la cifra se disparó el año pasado hasta superar las 540.000. Con el nuevo marco aprobado en Bruselas, los arroceros temen que ese volumen siga creciendo y acabe desplazando al producto europeo del mercado.
Desde el sector habían tratado de frenar este escenario. Agricultores y cooperativas impulsaron una enmienda para limitar ese incremento y garantizar un espacio competitivo para la producción local. Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada, manteniéndose intacta la idea inicial planteada por la Comisión Europea. El problema no afecta sólo a España: países como Italia o Portugal también comparten la preocupación.
El Gobierno español se había posicionado a favor de introducir cambios. El ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió recientemente la necesidad de proteger al sector y apostó por reforzar el etiquetado de origen para que los consumidores puedan distinguir con claridad la procedencia de los alimentos. Según explicó, una diferencia excesiva de precios puede expulsar a los productores europeos del mercado, lo que obliga a buscar mecanismos de defensa.
Mientras tanto, en las marismas del Guadalquivir, la campaña agrícola avanza con sentimientos encontrados. Las condiciones hídricas son óptimas tras un periodo favorable de lluvias, lo que invita al optimismo de cara a la producción de 2026. De hecho, las labores preparatorias del terreno ya están en marcha y la siembra comenzará en breve. Sin embargo, esta buena situación agronómica contrasta con la incertidumbre comercial que genera la decisión europea.
A esta inquietud se suma otro problema: el exceso de stock. Según el sector, todavía permanece almacenado alrededor del 60% de la cosecha anterior, lo que agrava el temor a una caída de precios si aumentan las importaciones. Eduardo Vera, representante de los arroceros sevillanos, advierte de que la situación pone en entredicho la viabilidad del cultivo en Europa.
El impacto no sería únicamente económico. Los productores recuerdan que ecosistemas clave como Doñana, La Albufera de Valencia o Delta del Ebro dependen en gran medida del mantenimiento de los arrozales. En periodos de sequía, subrayan, la fauna de estas zonas húmedas ha sufrido especialmente, lo que refuerza el papel ambiental del cultivo.
Además, los agricultores denuncian lo que consideran una incoherencia en las políticas comunitarias. Critican que se les exijan estrictas reducciones en el uso de fitosanitarios y fertilizantes, mientras se permite la entrada de arroz procedente de países donde estos controles son mucho más laxos. También alertan sobre las condiciones laborales en origen, que califican de muy precarias.
En definitiva, el sector arrocero europeo afronta una campaña que, pese a contar con buenas perspectivas en el campo, queda marcada por la incertidumbre en los mercados y por decisiones políticas que, según denuncian, pueden alterar profundamente su futuro.
