La Comisión Europea ha aprobado una modificación en el régimen de ayudas estatales de España destinada a impulsar la producción cinematográfica y otras obras audiovisuales en el país. La modificación, propuesta por el Gobierno y que representa un aumento significativo de 340 millones de euros en el presupuesto anual, ha suscitado preguntas sobre su efectividad y su verdadera motivación por parte de los estados miembros.
El régimen de ayudas, originalmente aprobado por la Comisión en 2014 y sujeto a varias modificaciones desde entonces, otorga deducciones fiscales en el impuesto de sociedades español a los productores de obras cinematográficas y audiovisuales, tanto españolas como internacionales. Con la última modificación, el presupuesto anual se ha elevado de 60 millones de euros a una cifra de 400 millones de euros.
La Comisión ha respaldado esta modificación argumentando que es «necesaria, adecuada y proporcionada para promover la cultura en España y en la Unión Europea». Además del aumento presupuestario, la modificación incluye un aumento en el importe máximo de deducción fiscal por película, así como un límite de deducción fiscal por episodio de serie. Estos cambios han llevado a algunos a cuestionar si podrían estar diseñados para favorecer ciertos tipos de producciones en detrimento de otras.
El cine español ha dependido históricamente en gran medida de las subvenciones otorgadas por Europa. A finales de 2021, el Gobierno español asignó un total de 47 millones de euros para la producción de largometrajes, una inversión significativa en un momento en el que la calidad del producto audiovisual no convencía al espectador, pese a que la industria ya no lidiaba con los estragos de la pandemia.
En España experimentó una notable disminución, con una caída del 43,6% en el número de espectadores y del 40,2% en la recaudación en comparación con el año 2019.
Las subvenciones del Estado no sólo se dirigen a las producciones, sino que también van dirigidas a las salas de cine. En noviembre de 2022, el Gobierno concedió una subvención directa de 10,17 millones de euros a las salas, pero con la condición de que proyectaran al menos un 25% de películas comunitarias; es decir, producidas por algún estado miembro de la Unión Europea.
Ahora, de acuerdo con lo indicado a la Comisión, España aumentará en 340 millones de euros el presupuesto del programa, que pasa de 60 a 400 millones anuales.
