Bruselas ha tomado nuevas medidas para forzar la imposición del coche eléctrico y dar la espalda a los coches de combustión. Ahora, obligarán a que todas las flotas de vehículos de empresa de más de 100 unidades sean eléctricas, una decisión adelantada por El Debate que tendrá un impacto significativo en el mercado automovilístico europeo. Esta normativa no sólo transformará el parque móvil de las grandes corporaciones, sino que también influirá en el mercado de segunda mano, ya que los vehículos eléctricos usados tienen actualmente una depreciación mucho mayor que los de combustión.
La medida se enmarca dentro del plan automotriz que la Comisión Europea ha diseñado tras un foro en el que participaron fabricantes, sindicatos, agentes sociales y consumidores. Esta serie de reuniones, celebradas a finales de 2024, tenía como objetivo analizar la grave crisis que atraviesa la industria del automóvil en Europa, que ha perdido su liderazgo mundial ante la arrolladora competencia de los fabricantes chinos. A pesar de las preocupaciones del sector, el plan de Bruselas mantiene casi intacta su hoja de ruta hacia la electrificación del transporte.
Uno de los pilares clave de la estrategia es fomentar la producción de baterías dentro de la Unión Europea. Sin embargo, en lugar de reducir la dependencia de China, se permitirá que las empresas chinas continúen dominando el sector, con la condición de que colaboren con socios europeos para facilitar la transferencia tecnológica. Esta fórmula recuerda al modelo que China aplicó en los años 90 con las marcas europeas que querían establecerse en su mercado, obligándolas a asociarse con fabricantes locales.
Hasta la fecha, la única iniciativa relevante en Europa para fabricar baterías a gran escala, la compañía Northvolt, fracasó recientemente, dejando el control de esta tecnología esencial en manos de Asia. Sin una producción local de baterías, el ambicioso objetivo de electrificación de Bruselas se asemeja a intentar fabricar vehículos de combustión sin disponer de carburante.
La crisis que atraviesa la industria automovilística europea se debe, en gran parte, a la política de Bruselas de penalizar los motores térmicos con impuestos adicionales mientras fomentaba la compra de eléctricos mediante incentivos. Sin embargo, la estrategia no ha funcionado como se esperaba y ha llevado a una caída de las ventas y a un escenario económico incierto para los fabricantes europeos. La posibilidad de imponer sanciones a las marcas que no cumplieran con sus cuotas de venta de eléctricos en 2024 fue otro punto de tensión, aunque finalmente se decidió flexibilizar los criterios y contabilizar las emisiones en un periodo de tres años en lugar de solo uno.
