Los españoles nunca hemos votado si la política de asilo e inmigración debía ser una política común europea. En realidad, lo de la política común de asilo e inmigración aparece en el Consejo Europeo de Tampere en el año 1999, y se “vende” por las burocracias de Bruselas como una exigencia del espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero vamos, cualquier observador advierte que desde el año 1999 Europa es un espacio donde hay menos libertad, menos seguridad y menos justicia.
Meses después, el Gobierno del Partido Popular aprobaba la reforma de la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España (Ley de Extranjería), siempre con el sonajero de que es una “exigencia de Bruselas”, abriendo paso a la primera oleada de regularizaciones extraordinarias de extranjeros que residían o permanecían ilegalmente en territorio nacional. Primer efecto llamada de la historia. También, como siempre, con el argumento de que se necesita mano de obra. Se les olvida decir: barata, para expulsar definitivamente del “mercado de trabajo” al trabajador español.
Tampoco se preguntó a los españoles si querían aquella Ley de Extranjería, ni se les informó o preguntó sobre sus previsibles consecuencias, aunque ya veíamos pelar las barbas de nuestros vecinos. Todos los españoles han sufrido las consecuencias de esas regularizaciones masivas. Veinte años más tarde, cientos de barrios y municipios son ya irreconocibles, y su identidad ha sido barrida o devorada. La presión sobre los sistemas de atención sanitaria, servicios sociales y educación es insostenible. Y miles de “nacionalidades” anuncian un cambio de paisaje en los llamados al derecho de sufragio activo.
Hace unos meses, el ECR Party – del que forma parte VOX – realizó una amplia encuesta a propósito de las políticas de inmigración en Italia, España, Francia y Alemania. La confrontación de la España real frente a la España oficial de los Ministerios y el Congreso dominado durante décadas por el bipartidismo es evidente. Por eso, no quieren preguntar a los españoles. No quieren que los españoles decidan.
Según la encuesta, en España el 42% de la población quiere que la política inmigratoria sea de férreo control sin adoptar ninguna medida para “mejorar” la integración. En Francia llega al 45%. Sin embargo, en el Congreso sólo 52 diputados, esto es, ni el 15%, exigen protección y defensa de los límites exteriores del poder soberano de la Nación.
Los partidos tienen secuestrada la opinión en este, como en otros temas. Más datos: el 53% de los españoles quieren que se invierta en África para reducir los flujos inmigratorios y por tanto que quien no colabore con el control inmigratorio, no perciba las ayudas; y el 52% está a favor de establecer un bloqueo naval para impedir que los inmigrantes tomen tierra en las costas del sur de Europa.
La casta política, que le niega la palabra a los españoles, que vive alejada de los barrios multiculturales, de los machetes, la violencia, la inseguridad, la imposición de la sharía, impone su agenda inmigracionista a los españoles, engañándoles en los procesos electorales y hurtando el debate público.
Mientras, otro verano más, cientos de pateras desembarcan en nuestras costas, con la participación activa de mafias y oenegés, que cobran subvenciones a tanto el inmigrante. Un negocio perfecto en contra de los españoles. Efecto llamada institucional. Unos pocos se lucran a costa de los españoles. Y la faz de Europa, de nuestros barrios y ciudades, cambia.
Devolvamos a la Nación su capacidad de decidir sobre lo que importa. Recuperemos lo que los partidos y su red de intereses espúreos ha robado a los españoles. Bruselas no puede servir de coartada para cualquier fechoría.
