La entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE acaparó la atención mediática. Sin embargo, la verdadera preocupación para el Gobierno de Pedro Sánchez está en Europa. Mientras los agentes requisaban documentación en Adif, en Bruselas ya se ha activado la maquinaria de control. La Comisión Europea ha comenzado a recabar información ante la posible existencia de fraude con cargo a los fondos europeos vinculados al plan de recuperación por la pandemia.
El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor de la trama, considera que existen indicios suficientes de que altos cargos socialistas cobraron «premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas». Por este motivo, ordenó a la Guardia Civil requisar en el grupo ferroviario toda la documentación relativa a cinco contratos, por valor superior a 500 millones de euros. Cuatro de ellos fueron financiados con dinero europeo y dos directamente con los fondos extraordinarios que Pedro Sánchez arrancó a Bruselas durante la crisis del Covid.
En el centro de la investigación aparecen dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ambos habrían percibido presuntamente comisiones ilegales vinculadas a los fondos Next Generation, de los que España es el segundo mayor beneficiario en la UE. Un contrato concreto lo ilustra: un acuerdo entre Adif y la UTE Monforte, por un importe inicial de 7,3 millones —luego incrementado— financiado con fondos europeos. La oferta fue presentada por Daniel Fernández, imputado, hermano de un alto cargo de la Delegación del Gobierno en Andalucía y cuñado de Fernando Merino, exdirectivo de Acciona y contacto de Santos Cerdán y Koldo García.
La operación fue adjudicada durante la presidencia de la también imputada Isabel Pardo de Vera y firmada por Ángel Contreras, posteriormente ascendido a presidente de Adif hasta septiembre de 2024, y habitual interlocutor de Koldo.
Otro contrato, de 83,2 millones en Sant Feliu de Llobregat, también vinculado al Plan de Recuperación, recayó en Acciona. Los otros dos expedientes investigados, el soterramiento de Murcia y un tramo del Corredor Mediterráneo en Almería, suman 400 millones financiados parcialmente con fondos europeos de desarrollo regional.
El caso se agrava por el papel de Adif como principal receptor de los fondos Next Generation en España, con cerca de 4.400 millones adjudicados, muy por delante del Ministerio de Transportes (550 millones) e Iberdrola (242 millones).
La Comisión Europea ya ha advertido, según El Mundo, de que abrirá una investigación formal con posible derivación a la Fiscalía Europea cuando confirme el uso de fondos europeos en las obras bajo sospecha. Los equipos de control dependen del comisario italiano Raffaele Fitto, hombre de confianza de la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
De momento, un portavoz oficial de la Comisión recuerda que «es el Estado miembro quien debe corregir la irregularidad», lo que supondría la devolución de los fondos. Si España no actúa, Bruselas podrá intervenir directamente y exigir el reintegro del dinero malversado
